En un país que se llame democrático, que haga valer su Constitución, sus leyes y su accionar con el ciudadano, la libertad de asociación, de expresión y de prensa son derechos fundamentales. Ese accionar tiene que estar sujeto a escrutinio estricto para que medidas represivas o coaccionantes no tengan un efecto congelante sobre el ejercicio habitual de esos derechos. 

En Puerto Rico, país que tiene un gobierno sujeto a leyes estatales y federales que dicen ser un régimen de libertades civiles, la vigilancia sobre acciones del Estado que coarten esos derechos es un presupuesto necesario para que la libertad de pensamiento y el ejercicio de la reparación de agravios no sea criminalizado. 

La noticia reciente de que desde el Departamento de justicia, dirigido por la licenciada Wanda Vázquez, se interceptaban medios de prensa universitarios, cómo Diálogo y el periódico de los jóvenes universitarios involucrados con la huelga, en el momento en que se organizaban protestas contra la Junta de Control Fiscal, son admisiones y evidencia de actuaciones ilegales e inconstitucionales.  

Protestar y organizarse contra las medidas neoliberales impuestas por la junta, en conjunción con el gobierno de turno, son el ejercicio de derechos protegidos por la libertad de expresión (primera enmienda federal) y por el artículo ll sección siete de la Constitución de Puerto Rico. En Noriega vs Hernández Colón, se declaró inconstitucional e ilegal la práctica de levantar carpetas y perseguir personas o grupos por razones ideológicas. 

Actuar a priori, sin mandato judicial, para espiar comunicaciones o publicaciones de prensa, de la naturaleza que sean, es contrario a la prohibición de reprimir por status o pensamiento previo y no por acciones delictivas realizadas. 

La Comisión de Derechos Civiles del ELA está casi inoperante, por falta de miembros nombrados, recortes de presupuesto e insuficiencia de poderes para imponer multas o acudir al tribunal en busca de resarcimiento civil o penal. Ello obliga a que la academia -especialmente las escuelas de derecho-, el Colegio de Abogados y Abogadas, la propia legislatura -especialmente por vía de la Comisión de lo Jurídico- y la división de derechos civiles del Departamento de Justicia, cada uno en el ámbito de su jurisdicción, comiencen investigaciones proactivas contra lo que se ha descubierto.       

La sociedad civil debe exigir que se rindan informes encaminados a acudir por la vía judicial, en busca de resarcimiento civil, valoraciones de daños e incluso radicación de acciones penales, cuando fuere necesario radicar por derecho propio, en caso de que los llamados a investigar no cumplan su deber. 

Puerto Rico no puede darse el lujo de dejar en manos de la Policía y de agencias represivas la vigilancia y la garantía de derechos tan preciados como son la libertad de prensa, de asociación, de reparación de agravios y de expresión, porque esos son derechos precisamente oponibles frente al Estado. El derecho a protestar no puede ser definido por el Estado como uno de mera expresión y sin molestar a las personas o instituciones contra quienes se protesta, porque se convertirían en derechos simbólicos, pro forma, que de ninguna manera adelantarían el cambio social o la protección de derechos adquiridos que la ciudadanía entienda que debe defender en la calle o mediante la presión política. 

Limitaciones de la doctrina de legitimación activa y de recursos jurídicos y económicos inhiben en la práctica al ciudadano o a grupos que asumen la defensa de derechos humanos y civiles. Eso y más es lo que está en juego cuando el Estado persigue, clasifica e interfiere con la libertad de prensa y la organización de protestas legítimamente protegidas por la Constitución estatal e incluso cuando proceda jurisdiccionalmente, por la federal.