Las luchas comunitarias tienen muchos perfiles. Algunas alcanzan resonancia nacional. Otras transcurren bajo el radar, pero con fuerza y constancia admirables. Entre estas se encuentra el reclamo de numerosas comunidades de que se les proteja de la proliferación indiscriminada de torres con antenas de telecomunicaciones que amenazan su salud, seguridad, entorno estético y tranquilidad vecinal.

Según un cálculo conservador del Frente de Comunidades contra la Proliferación de Antenas, que agrupa a unas 35 comunidades del país, en Puerto Rico debe haber unas 2,000 torres con aproximadamente 20,000 antenas de telecomunicaciones. Muchas ubican a escasos metros de casas, escuelas, negocios, hospitales y otras edificaciones. Se estima que el 87% se encuentra en comunidades pobres o de clase trabajadora. Por ejemplo, en el barrio Atalaya de Aguada hay unas 26 torres con 264 antenas.

¿Qué le preocupa a este grupo organizado de comunidades? Principalmente, los efectos que tanta actividad radiactiva pueda tener sobre la salud y la seguridad de sus residentes. Y es que tales antenas crean un campo electromagnético que puede causar serios problemas de salud.

Hay una aguda controversia internacional sobre los efectos sanitarios de estas emisiones. Pero ya organismos internacionales y nacionales como la Organización Mundial de la Salud, el Consejo de Europa, la Universidad de Alcalá de Henares, en España, el Bio-initiative Working Group, de los Estados Unidos, y entidades similares en Alemania, México y Brasil alertan sobre la necesidad de tomar medidas de precaución y prevención por los riesgos probables a la salud de la citada actividad radiactiva. Según las advertencias, sería irresponsable no tomar en serio el creciente número de estudios que relacionan los campos electromagnéticos con enfermedades degenerativas.

El Frente de Comunidades contra la Proliferación de las Antenas no se opone a que éstas se instalen. Reconocen el beneficio que proveen al país. Lo que objetan es el descuido con que se otorgan los permisos de ubicación y construcción.

Para atender el problema, el grupo ha logrado que se presente por petición el Proyecto de la Cámara 1440, que, según informes, se encuentra estancado en la comisión pertinente.

La propuesta persigue varios objetivos. Primero, que se asegure la participación comunitaria mediante la celebración obligatoria de vistas públicas antes de que se otorguen los permisos. Segundo, que se extienda la distancia mínima permitida entre las torres y las residencias. Actualmente esa distancia suele oscilar en torno a los 100 metros. En España, la distancia requerida es no menor de 600 metros, en Chile 500, en México 400 y en algunos estados de EE.UU. cuando menos 300. La tendencia parece ser aumentar las distancias en atención a los principios de precaución y prevención. El Proyecto 1440 estipula una distancia no menor de 500 metros.

Las comunidades exigen que se prepareun plan abarcador que identifique lugares y terrenos idóneos, atempere los procesos de otorgación de permisos a los hallazgos científicos recientes sobre el efecto de las ondas electromagnéticas en la salud y tome en cuenta las necesidades de las comunidades afectadas.

Su lucha ha incluido el uso de los medios locales de comunicación, protestas frente a las instalaciones, actos de desobediencia civil y acciones en los tribunales. Ha habido arrestos y movilización de la Fuerza de Choque en su contra. Han obtenido algunas victorias en los tribunales, incluido el Tribunal Supremo, pero la situación no parece mejorar. Una de sus quejas es precisamente el gasto enorme en litigios que solo logran cuestionar caso a caso las determinaciones administrativas, sin hallar una solución integral a sus problemas. De ahí la necesidad de que se legisle.

El asunto es serio. Tanto, que merece la atención responsable de la Legislatura, el Ejecutivo, las agencias correspondientes, los tribunales, la prensa, las demás organizaciones comunitarias y sociales y el pueblo todo.