
Opinión
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En Puerto Rico cientos de personas han sido sumariadas en instituciones penales en espera de una determinación de procesabilidad, es decir, para determinar si comprenden el proceso judicial que enfrentan y pueden colaborar con su defensa. Cuando se determina que una persona no tiene esas capacidades se supone que sea trasladada a una institución adecuada a sus necesidades para que pueda recibir servicios de salud mental. Lamentablemente, esa no es la realidad.
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