Jorge Farinacci Fernós
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La razonabilidad del salario mínimo

Actualmente, el salario mínimo en Puerto Rico es $7.25 la hora. Ese número surge de una ley federal. El mínimo federal es eso mismo: un mínimo. Cada jurisdicción de los Estados Unidos, incluyendo Puerto Rico y cada uno de sus 78 municipios, tiene la facultad para aumentarlo. 

Más de la mitad de los Estados y un sinnúmero de ciudades estadounidenses ya lo han hecho, tras concluir que $7.25 la hora no es suficiente para que una persona viva dignamente. Además, estas jurisdicciones han concluido correctamente que aumentar el salario mínimo, además de ser una importante medida de justicia social, tiene efectos económicos positivos. Cuando los trabajadores tienen más dinero en el bolsillo, aumenta el consumo.

¿Y Puerto Rico? Desde 1998, el salario mínimo en Puerto Rico es el mismo que se fije a nivel federal.  Esa decisión se hizo mediante ley. Es decir, el gobierno de Puerto Rico rehusó usar su poder para aumentarlo.

Ahora bien, el gobierno de Puerto Rico no tiene la última palabra sobre cuál debe ser el salario mínimo. La Sección 16 del Artículo II de la Constitución de Puerto Rico establece el derecho de todo trabajador “a un salario mínimo razonable”. ¿Qué significa esto? Evidentemente, la Constitución no estableció un número específico. De haberlo hecho, la inflación hubiese tornado dicho número en un anacronismo. Precisamente para asegurar que el derecho constitucional a un salario mínimo sobreviviese el pasar del tiempo, la Convención Constituyente optó por incluir un estándar jurídico: razonabilidad.

En otras palabras, la validez legal del salario mínimo en Puerto Rico se determinará si, en determinado momento histórico, el número adoptado es razonable. ¿Y qué significa razonable? Cuando la Convención Constituyente aprobó la Sección 16, había una ley que establecía que el salario mínimo tenía que ser suficiente para que todo trabajador pudiese cubrir sus necesidades básicas, las de su familia, y gozar de una vida digna. Es decir, el salario mínimo no es meramente para sobrevivir: es para vivir tranquilamente.

En el 2019, $7.25 la hora no da para vivir dignamente. Por tanto, no es razonable. Esto quiere decir que la normativa vigente en Puerto Rico está en violación de la Constitución. El gobierno tiene el deber constitucional de aumentarlo. De lo contrario, los trabajadores tendrán que demandar directamente a sus patronos exigiendo que se cumpla con su derecho constitucional. No podemos exigir el máximo si solamente estamos dispuestos a pagar el mínimo.


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