Gustavo Vélez
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La urgencia de federalizar la reconstrucción de Puerto Rico

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A estas alturas, es evidente que el gobierno local no será capaz de poner a caminar la reconstrucción de Puerto Rico. En el contexto del quinto aniversario del impacto del huracán María, el azote del huracán Fiona ha dejado ver la vulnerabilidad de la isla porque la reconstrucción nunca comenzó. Todo indica que la región suroeste es la más golpeada, una zona que no logra levantar vuelo desde el impacto de María, y la eventual destrucción de los terremotos del 2020.

Vista de la urbanización Luchetti, en el pueblo de Yauco, luego del huracán Fiona.
Vista de la urbanización Luchetti, en el pueblo de Yauco, luego del huracán Fiona. (Dennis M. Rivera Pichardo)

Los huracanes que nos han golpeado han ocurrido en un contexto de insolvencia del gobierno y la tutela de una Junta de Supervisión Fiscal (JSF) que maneja las finanzas gubernamentales. El gobierno está maniatado y carente de recursos humanos y fiscales como resultado de la propia quiebra. No puede llevar las funciones más básicas como la operación de reciclar neumáticos u operar eficientemente el sistema de lanchas a las islas municipios. En lo esencial, somos testigos de que los servicios importantes, como la educación, la seguridad pública y la salud operan al borde del colapso. Es ingenuo pensar que ese mismo gobierno será capaz de gerenciar un proceso de reconstrucción.

Un proceso de reconstrucción accidentado

La cronología de eventos desde el 2017 a la presente valida la hipótesis de que el gobierno no tendrá éxito implementando la reconstrucción de la isla. El infame puño que le ofreció el exgobernador Ricardo Rosselló al entonces presidente Donald Trump y el eventual colapso de su gobierno han marcado el camino accidentado que ha tenido el fallido proceso de recuperación. El propio Trump dijo públicamente que no confiaba en la clase política local, a la que tildó de corrupta. Luego se supo que, por lo bajo, la Casa Blanca del exmandatario había dado instrucciones para frenar los fondos de recuperación prometidos a la isla.

Entre las amenazas de Rosselló a Trump y el verano del 2019, hubo acusaciones federales a miembros del gabinete, situación que se ha repetido en tiempos recientes a alcaldes de ambos partidos y a la exgobernadora Wanda Vázquez. Las continuas acusaciones de funcionarios electos por parte del Departamento de Justicia federal parecen agudizar la desconfianza del gobierno federal y el Congreso hacia el gobierno territorial.

La inestabilidad política resultado del verano del 2019, el interinato de Wanda Vázquez en la gobernación (2019-2020) y el nuevo gobierno dividido (2020 al presente) han operado en contra de lograr la confianza de las agencias federales hacia Puerto Rico. La nueva fractura política en la que vivimos desde enero del 2021 ha creado un clima de confrontación entre las dos fuerzas políticas principales, que no abona al clima de consensos necesarios para proyectar confianza hacia Washington.

La energía de los funcionarios electos parece estar más enfocada en las guerras estériles que en concertar para viabilizar la reconstrucción. De cara al 2023, ya mismo los funcionarios electos se irán a “trabajar” a sus campañas políticas y menos atención tendrá la reconstrucción del país.

Por su parte, la Casa Blanca de Joe Biden y una mayoría demócrata en el Congreso no han logrado desenredar el nudo burocrático para poner a correr los fondos de reconstrucción y comenzar las obras.

Urge una ruta alterna para ejecutar la reconstrucción

En momentos en que la isla es nuevamente castigada por otro huracán, urge que el gobierno federal, el Congreso y la Junta de Supervisión Fiscal evalúen la creación de una estructura u mecanismo de gerencia y ejecución de los procesos de reconstrucción que no esté bajo el control del gobierno local. Ante el hecho de que es dinero federal, el propio Congreso, FEMA y las agencias del gobierno de Estados Unidos van a querer garantías de su utilización correcta y efectiva.

Este mecanismo debe tener el aval federal e incorporar a la JSF y otros componentes del sector privado, en una especie de consorcio con la gobernanza necesaria para que se agilicen los procesos para reconstruir a Puerto Rico. Me consta que entidades profesionales y el sector privado tienen el peritaje y el interés en ser parte de una alianza con el gobierno federal para asegurar que comience la reconstrucción antes de que llegue un nuevo evento natural que nos vuelva a tirar al piso.

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