Cuando la gobernadora Wanda Vázquez promulgó la orden ejecutiva que daba paso a la reapertura de los sectores económicos en Puerto Rico, la primera pregunta que me vino a la mente fue si estábamos listos. Para ese entonces, el principal asesor en salud de Donald Trump, el doctor Anthony Fauci, ya advertía de la posibilidad de una segunda ola de contagios, si las jurisdicciones abrían antes de tiempo.

Hoy, varios meses después de que muchos estados de la nación comenzaron la reapertura, el aumento de contagios es una realidad. Por ejemplo, se estima que hoy hay 33 estados y territorios de Estados Unidos que tienen un promedio mayor de contagios que la semana pasada. Estos tienen en común que fueron los más agresivos en la reapertura de sus economías. Esta semana, el doctor Fauci, en una vista pública en la Cámara de Representantes federal, advirtió del aumento en las infecciones de un promedio de 20 mil casos nuevos por día a 30 mil diarios.

En Puerto Rico, sin embargo, los números de contagio no parecen reflejar el aumento que han presentado esas otras jurisdicciones. Sin embargo, el COVID-19 sigue siendo una realidad peligrosa. Por eso, estoy de acuerdo con la posición de Wanda Vázquez de que debemos poder asegurar que toda persona que llegue a nuestros puertos no esté contagiada. Para eso, se han discutido varias alternativas.

Una de esas alternativas es que, al llegar a puerto, nuestro gobierno le haga la prueba para detectar el COVID-19 a cada uno. Sin embargo, personal que estaría a cargo de esta responsabilidad ha advertido que la misma sería muy difícil de implantar. Entre otras razones, explica que el tiempo invertido en la toma de las muestras, multiplicado por la cantidad pasajeros, requeriría una cantidad de empleados que no está disponible. Y, ante la tentación de decir que se van a hacer cosas que suenan bonitas, pero no son reales, agradezco la rectitud de hablar con la verdad.

Por otro lado, también se ha mencionado la posibilidad de exigir que todo pasajero que llegue a nuestros puertos ya traiga consigo los resultados de una prueba molecular para detectar el COVID-19. Por varias razones, me parece que esta alternativa es más real. Primero, ante nuestra situación económica, ¿tendrá nuestro gobierno los fondos necesarios para costear una prueba por cada pasajero que llegue a nuestros puertos? 

Se estima que al aeropuerto Luis Muñoz Marín llegan alrededor de seis a siete mil pasajeros diariamente. Y eso es solo uno de nuestros puertos. Además, ya habiendo sido advertidos de que no hay personal suficiente para atender la cantidad de pasajeros que recibimos, ¿terminarían las filas de pasajeros iguales a las filas de las personas que están durmiendo en sus carros para hacer turno para solicitar la ayuda de desempleo? Y, del gobierno hacer las pruebas, ¿qué haríamos con esos pasajeros en lo que llegan los resultados? Ante la realidad de que no los podríamos mantener en el puerto, habría que permitirles seguir su camino, solicitarles que se mantengan en cuarentena y, del resultado de la prueba ser positivo, localizarles para notificarles, proveerles los servicios de salud necesarios y confirmar que se mantuvieron en cuarentena. Pero, y ¿qué si no se mantuvieron en cuarentena? ¿A cuántos ya habrían infectado?

Quizás una combinación de iniciativas sería lo mejor. De hecho, más de 20 estados han establecido exigencias para los pasajeros que llegan a sus puertos; entre otras, mantenerse en cuarentena por al menos 14 días y presentar prueba negativa de COVID-19 reciente.

Al momento Puerto Rico no ha sufrido ese aumento de contagios que otras jurisdicciones están experimentando. Mantengamos esta buena noticia que tanto necesitamos y, para eso, que el gobierno informe qué medidas implantará en nuestros puertos, pero no porque suenen bien y sí porque son viables.