Otro tribunal federal acaba de resolver un caso relacionado con la condición política de los territorios de Estados Unidos y sus habitantes. En el caso John Fitisemanu v. United States un juez del tribunal de distrito federal para el estado de Utah determinó que las personas nacidas en el territorio de Samoa Americana deben considerarse ciudadanas de Estados Unidos por nacimiento, de conformidad con la Enmienda Catorce de la Constitución de ese país.

La Samoa Americana consiste de un grupo de islas del Pacífico adquiridas por los Estados Unidos entre 1900 y 1904. Su población ronda las 56,000 personas.

Samoa es considerada un territorio no incorporado de los Estados Unidos. Pero, con algunas excepciones, sus habitantes no son ciudadanos de los Estados Unidos. Se les considera nacionales estadounidenses, categoría bajo la cual se ubicaba a los nacidos en Puerto Rico antes de 1917 y a los miembros de los pueblos indígenas antes de que el Congreso les extendiera colectivamente la ciudadanía en 1924.

Tres samoanos residentes de Utah demandaron reclamando que se les debía reconocer su condición de ciudadanos al amparo de la Enmienda Catorce de la Constitución de Estados Unidos, que dispone que serán ciudadanas de ese país todas las personas “nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos” y “sujetas a su jurisdicción”.

Basándose en los Casos Insulares, el gobierno federal se opuso aduciendo que, por ser un territorio no incorporado, Samoa no es parte de los Estados Unidos y, por lo tanto, las personas nacidas en Samoa no pueden reputarse nacidas “en los Estados Unidos”. El gobierno electo de Samoa también se opuso argumentando que la extensión de la ciudadanía estadounidense alteraría el modo de vida samoano (Fa’a Samoa) y que la imposición judicial de esa ciudadanía constituiría una violación del derecho de Samoa a su autodeterminación.

El juez, nombrado al cargo por el presidente George W. Bush, falló a favor de los demandantes. Concluyó que los Casos Insulares no disponían de la cuestión y que la llamada cláusula de ciudadanía de la Enmienda Catorce aplica a Samoa Americana, aunque esta sea un territorio no incorporado. Ordenó al gobierno federal a abstenerse de continuar tratando a los demandantes como no ciudadanos.

En 2015, el Tribunal Federal de Apelaciones para el Distrito de Columbia había resuelto un caso similar, Tuaua v. United States, en contra de otros samoanos demandantes. En 2016, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos rehusó revisar la decisión del Tribunal de Circuito, quedando en vigor la determinación de este.

Debe esperarse que el gobierno federal apele el fallo del juez de Utah al Tribunal de Apelaciones para el Décimo Circuito. No sabemos qué resolverá ese foro ni qué hará el Tribunal Supremo eventualmente. Pero cualquiera que sea el resultado, tendrá repercusiones importantes para todos los territorios.

Este caso se suma a los esfuerzos recientes por enfrentar a los tribunales con las situaciones conflictivas que provoca la relación de Estados Unidos con esas entidades llamadas territorios. Ahí están los casos de Puerto Rico v. Sánchez Valle y Commonwealth v. Franklin, resueltos en 2016 por el Tribunal Supremo de Estados Unidos, a los que se ha sumado el caso pendiente de Aurelius v. Puerto Rico. También los litigios corrientes en tribunales federales inferiores sobre el discrimen en la asignación de fondos federales y otros asuntos que atañen a la condición política y a los derechos de los llamados territorios y sus residentes.

Muchos hemos insistido en que el problema de la condición política de Puerto Rico no se resolverá judicialmente. Es un asunto eminentemente político que requerirá acciones políticas. Pero mientras el Congreso se niegue a asumir su responsabilidad, los tribunales seguirán recibiendo reclamos surgidos de la anacrónica situación de subordinación política que el régimen territorial representa. Quizás un día, exasperados, algunos jueces pongan el grito en el cielo y urjan, a su manera, a los organismos políticos a resolver la cuestión de una vez y por todas.