Siendo una jurisdicción con un nivel de pobreza tan alto y ante nuestra actual situación económica, el acceso a estos fondos podría dar un respiro tanto a nuestros residentes como a nuestro entorno económico, escribe Kenneth Rivera-Robles
Siendo una jurisdicción con un nivel de pobreza tan alto y ante nuestra actual situación económica, el acceso a estos fondos podría dar un respiro tanto a nuestros residentes como a nuestro entorno económico, escribe Kenneth Rivera-Robles
El pasado 9 de septiembre el gobierno federal radicó una solicitud de certiorari en el Tribunal Supremo federal sobre el caso US v. Vaello-Madero. El caso de Vaello se trata de una persona que vivía en Estados Unidos y recibía los beneficios del Ingreso de Seguridad Suplementario (Supplemental Social Security Income, o SSI). El SSI es un programa que provee beneficios a personas mayores de 65 años, ciegas o con necesidades especiales. Fue creado en 1972 para reemplazar un programa conocido como Ayuda a Ancianos, Ciegos y Discapacitados (Aid to the Aged, Blind and Disabled, o AABD). Cuando se adoptó el SSI se hizo extensivo a los 50 estados, el Distrito de Columbia y solo una de las posesiones, las Islas Marianas. En Puerto Rico se continuó utilizando el AABD, que no es tan bueno, pues se reciben menos beneficios que bajo SSI y los requisitos de elegibilidad son más estrictos.
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