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Los sistemas de retiro del gobierno central quedaron insolventes por varias razones. Algunas de ellas son: malas decisiones de inversión (muchas veces asesoradas por los mismos consejeros económicos actuales), aumentos indiscriminados en los beneficios, impacto de la crisis financiera 2008-09 en Estados Unidos -donde se invertían los fondos-, aportaciones del gobierno no realizadas y la reducción de plazas en el gobierno que abultó el número de retirados y disminuyó los empleados que aportan al sistema, entre otros. Esta combinación llevó a que estas pensiones se paguen mayormente en la actualidad con los impuestos del pueblo de Puerto Rico.
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