Puerto Rico vive momentos de mucha incertidumbre en cuanto a la legitimidad —o falta de ella— de Pedro Pierluisi como gobernador. Para poder adjudicar este asunto, es necesario analizar el Artículo 4 de nuestra Constitución —secciones 7 y 9— y, además, evaluar la Ley 7 de 1952, particularmente la enmienda realizada en 2005.

Es fundamental recordar que no se trata de si Pierluisi es buen candidato a gobernador o si, incluso, es mejor opción que otros nombres que se considerarían en virtud de la aplicación del orden sucesorio establecido en la Ley 7. Lo medular es determinar qué realmente dispone nuestro ordenamiento jurídico para atender la anómala situación provocada por la renuncia de Ricardo Rosselló y el que se convocara una sesión extraordinaria de la Asamblea Legislativa para la confirmación de Pierluisi. 

La Ley 7 fue creada en 1952 para suplementar el orden sucesorio para sustituir al gobernador. La Constitución, en su Artículo 4 sección 7, dispone primeramente que el secretario de Estado lo sustituirá, pero, además, que mediante ley se dispondrá cuál de los restantes secretarios ocupará el cargo cuando coincidan las vacantes de gobernador y de secretario de Estado. La Ley 7 se crea, entonces, en virtud de dicha disposición para añadir cuáles secretarios ocuparían el puesto del gobernador.

El 4 de enero de 2005 se presentó el P. de la C. 327 con el propósito de enmendar los artículos 1 y 2 de la Ley 7 para actualizar el orden de sucesión, requerir que el secretario que sustituya al gobernador de manera permanente cumpla con las exigencias constitucionales referentes al cargo (edad, residencia) y, finalmente, atender la situación de una vacante interina —pero no permanente— del gobernador. En la exposición de motivos se señala que era necesario actualizar algunos de los departamentos cuyos nombres habían cambiado (Departamento de Educación por Departamento de Instrucción Pública, entre otros). En la enmienda se aclara que, cuando se sustituya al gobernador de manera permanente, se deberá cumplir con la exigencia de los requisitos para el cargo y, además, estar debidamente confirmado. No obstante, se aclara que no es necesario que los secretarios que sustituyan al gobernador de manera interina tengan que cumplir con los requisitos para sustituirlo ni que tampoco es necesario que estén confirmados por el Senado.

En toda esta compleja madeja hay una oración (en la enmienda a la Ley 7 de 2005) cuya confusa redacción puede llevar a equívoco: “...habiendo sido ratificado su nombramiento; excepto en el caso del secretario de Estado, salvo lo dispuesto en el Artículo IV, sección 9 de la Constitución”.

Para entender esa oración es necesario comprender el doble trato excepcional contemplado en esta. Primeramente, se refiere a que, de manera excepcional, el secretario de Estado debe ser confirmado por ambas ramas legislativas, distinto a los otros secretarios. La segunda modalidad  (la del “salvo”) se refiere al hecho excepcional de que el gobernador electo no pueda tomar posesión de su cargo o que, habiendo tomado posesión, renuncia o muere y no ha nombrado un secretario de Estado; o, habiéndolo nombrado, este no ha tomado posesión. Adviértase que este escenario responde a que el gobernador electo en noviembre juramenta el 2 de enero; que, para esa fecha, todavía los legisladores no están en sesión ya que comienza el segundo lunes de enero, por lo que ninguno de los secretarios ha sido confirmado. Es en ese escenario muy particular que el secretario de Estado que hubiere tomado posesión (pero no haya sido confirmado) sería gobernador hasta tanto la Asamblea Legislativa lo confirme o nombre un gobernador, tal y como establece dicha disposición constitucional. Esta situación es muy distinta al escenario actual.  

Por otro lado, el Artículo 4 sección 5 de la Constitución establece que los secretarios de gabinete tendrán que ser confirmados por el Senado; y, en el caso del secretario de Estado, requerirá también la confirmación de la Cámara. Del diario de sesiones de la Asamblea Constituyente surge con meridiana claridad que esa condición adicional era necesaria tomando en consideración que el secretario de Estado era el primero en línea para suceder al gobernador. Empero, no había estado sujeto a un proceso electoral. Así, contrario al cargo de vicegobernador (que era electo por votación), se requirió esta exigencia adicional para subsanar la ausencia de decisión electoral para dicho cargo. 

Al analizar todo esto, cabe preguntarnos si un secretario de Estado, nombrado 48 horas antes de la renuncia del gobernador, puede ostentar legítimamente el puesto de gobernador sin haber sido confirmado por ambas cámaras. La respuesta parece ser evidente, al menos en Derecho.