En estos días nos llegó la información a través de los medios del país de que el gobierno de Puerto Rico le presentó a la Junta de Supervisión Fiscal un nuevo Plan Fiscal que contempla la paralización de los recortes presupuestarios programados. Dicha acción es una medida prudente, cautelosa y muy necesaria, ante la crisis de salubridad que vivimos. 

El gobierno ha reconocido que las medidas severas de austeridad a implantarse ponen en mayor riesgo a la ciudadanía afectada por el COVID-19 ya hace más de seis semanas. No podemos aguantar más recortes en las áreas prioritarias de servicios públicos como salud, bienestar social, seguridad y desarrollo económico. 

El gobierno ha estimado el impacto fiscal del COVID-19 en alrededor de $6,600 millones en los próximos dos años. Ya el secretario de Hacienda ha dicho que los recaudos del Fondo General durante el presente año fiscal 2020 se encuentran $1,800 millones por debajo de los estimados de ingresos. Esto representa una reducción de alrededor de 20%, a base de los recaudos históricos del Fondo General ($9,100 millones).

El reclamo de la presente administración también está justificado por las proyecciones macroeconómicas revisadas de la economía local para el presente y próximo año fiscal. De acuerdo con el Plan Fiscal propuesto, la economía de la isla cerraría en el año fiscal 2020 con una reducción de -3.6% y de -7.8% el año fiscal 2021. Los pronósticos sobre el mercado laboral presentan que la tasa de desempleo podría alcanzar a 37%, según la principal firma de consultoría económica del país, Estudios Técnicos. 

En los Estados Unidos se espera que la economía se reduzca en -5.9% en el año 2020, según el Fondo Monetario Internacional (FMI). Algunos economistas privados han estimado que la producción norteamericana tenga una caída de alrededor de -30% durante el segundo trimestre del presente año. A nivel global, el FMI ha proyectado que las economías desarrolladas y de América Latina reflejarán una reducción en su actividad económica de 6.1% y 5.2%, respectivamente. Es importante destacar que desde un principio el FMI ha reconocido que estamos en la peor recesión económica de la historia desde la depresión en 1929. Este organismo internacional recomendó a los países que tienen un alto servicio de deuda que obtengan una moratoria y restructuren la deuda. 

Por tanto, entendemos que la Junta Fiscal debe considerar de forma favorable e inmediata el Plan Fiscal presentado por el gobierno. El país ahora no necesita un plan que contenga más medidas severas de austeridad, aunque sí debe continuar manteniendo su disciplina fiscal. Lo que realmente el país necesita es un plan de desarrollo socioeconómico que provea los recursos necesarios para atender la pandemia y una estrategia coherente para reactivar la economía. De esta forma, podremos garantizarle al país que primero vamos a tener los recursos económicos para asistir a las personas infectadas y la población más vulnerable como las políticas económicas sectoriales de estímulo económico. ¡Todos unidos a salvar vidas!