Gerardo A. Carlo-Altieri
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Política y petróleo: coctel peligroso

Ante el Tribunal creado bajo la ley federal de Supervisión, Administración y Estabilización Económica (Promesa, en inglés) se encuentra pendiente uno de los asuntos más neurálgicos en el proceso de resolver la insolvencia del gobierno de Puerto Rico y sus agencias.

Se trata de la aprobación judicial de un acuerdo de respaldo (RSA, en inglés) al Plan de Ajuste de Deuda (Plan) de la Autoridad de Energía Eléctrica, que envuelve la recapitalización de $9,000 millones en deuda de la AEE.

El RSA, que fue negociado confidencialmente por la Junta de Supervisión Fiscal y algunos acreedores, propone transar una serie de litigios pendientes ante el Tribunal.

Aunque el RSA incluye recortes a la deuda de 33%, el preacuerdo ha sido criticado por economistas de prestigio, incluidos el Dr. Ramón Cao y el Nobel Joseph Stiglitz, debido a su insostenibilidad y su impacto sobre el crecimiento económico.

Relacionado al asunto, la JSF presentó una solicitud para paralizar una demanda que esa entidad y el Comité de Acreedores no Asegurados (UCC, en inglés) radicaron contra firmas suplidoras de petróleo y laboratorios que certificaron fraudulentamente la calidad del combustible vendido a la AEE.

En su petición, los demandantes alegaron que suplidores y laboratorios conspiraron con oficiales de la AEE por los últimos quince años, lucrándose indebidamente en ventas de petróleo que sobrepasa los $20 mil millones.

Por su parte, la UCC se opuso a la paralización de la demanda alegando que esta constituye un activo sustancial de la AEE que aseguraría la viabilidad del Plan-AEE.

La demanda presentada contra suplidores por la JSF y la UCC en 2019 ante el Tribunal de Promesa, se basa en hechos similares al pleito de clase presentado en 2015 ante el Tribunal Federal de Puerto Rico (Marrero-Rolon et als v. AEE, 15-067) que se encuentra paralizado por Promesa.

En Marrero-Rodon se alega una violación a la ley federal de Organizaciones Corruptas (Racketering Influenced and Corrupt Organizations Act, 11 USC 1961), basado en que suplidores y laboratorios conspiraron para defraudar a la AEE, pagando comisiones a oficiales de la agencia en la venta de combustible a sobreprecio y que no cumple con los requisitos ambientales.

Los demandantes indican que la agencia federal ambiental (EPA, en inglés) demandó a la AEE en 1993 por utilizar petróleo que violaba los requisitos ambientales y que resultaba tóxico a personas y al ambiente por contener exceso de cenizas, azufre y nitrógeno.

Siete años después se firmó un acuerdo por consentimiento con la EPA, obligando a la AEE a conseguir certificados de laboratorios especializados para justificar el uso de combustible que excede los mínimos ambientales.

Debido al incumplimiento por la AEE con el acuerdo inicial, la EPA impuso multas consecutivas contra la agencia por su violación continuada a las normas.

Según los demandantes, desde 2002 la AEE estableció un “patrón de decepción” utilizando los laboratorios y compañías de suministro demandados, quienes falsificaron los certificados requeridos para la compra de petróleo por un término no menor de quince años.

Los demandados incluyen compañías suplidoras de petróleo internacionales (Trafigura Limited y Vitol Inc.) con operaciones en Suiza, Londres, Amsterdam, Argentina y Ponce y laboratorios en Suiza, Delaware y Houston (Inspectorate, Core, Altol, Alchem y Saybolt), que cobraron millones de dólares para emitir certificados sobre calidad de petróleo fraudulentamente.

La trama de corrupción alegada es preocupante, por la magnitud ($20 mil millones) de las transacciones, por la confidencialidad en la negociación del RSA y, sobre todo, por la inhabilidad de las autoridades federales y locales para investigar e impedir el fraude que se alega ha ocurrido por los últimos quince años en la AEE.

La combinación de secretividad, venta de petróleo y política partidista, produce un coctel explosivo que nadie ha querido destapar y que continúa poniendo la salud de los ciudadanos de la isla en peligro.


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