Roberto Iván Aponte
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Protejamos el derecho al voto

La siguiente columna es parte de una serie en la que los comisionados electorales se expresan sobre la reforma electoral considerada en la legislatura.

El Partido Nuevo Progresista (PNP), una colectividad atrapada por la historia y confrontada con la realidad de que la estadidad es un fantasma que hasta el presidente del país que tanto admiran la rechaza, intenta a como dé lugar mantener el poder cuatro años más en la colonia. Así, entienden ellos, pueden asegurar repartir el presupuesto entre los suyos. Trazada su razón de supervivencia, es evidente su intención de robarse las elecciones o, aun perdiendo, asegurar el control del aparato electoral, la Comisión Estatal de Elecciones (CEE).

En pleno período electoral, el liderato del PNP mantiene viva la esperanza de aprobar, a la trágala, una mal llamada reforma electoral que solo cumple con los únicos intereses del gobierno de turno y, a la vez, hacerle un favor a la Junta Fiscal Federal con la implantación de su plan de austeridad en beneficio de los bonistas. Esta movida malévola elimina de su faz el principio rector del sistema electoral puertorriqueño que rige desde principio de los ochenta y que ha permitido que las elecciones funcionen con la transparencia que el pueblo exige: el consenso entre todas las partes, mayoría y minorías, al momento de tomar decisiones y fiscalizar los procesos.

El PIP ha denunciado esta deforma electoral porque sus consecuencias son negativas y alarmantes: el brazo judicial de los azules -el Tribunal Supremo- designa al Presidente de la CEE; establece en tiempos de estrechez económica aumentos salariales y nuevos puestos de gran paga como el alterno al presidente; excluye a los partidos de minorías de todos los niveles decisorios de la CEE; brinda el poder absoluto al presidente en la toma de decisiones (de ser así un caso similar al escándalo de los vagones durante el huracán María no podría ser fiscalizado por el PIP); elimina la fiscalización del proceso de inscripción y recusación, posibilitando que personas sin domicilio electoral en Puerto Rico voten ilegalmente; y elimina las Oficinas de Inscripción (JIP) dejando desprovista a la ciudadanía del único servicio público directo para hacer trámites (no solo electorales) en su municipio.

La inmensa mayoría de los sectores de nuestra sociedad han rechazado de plano este proyecto. La Unión Americana de Libertades Civiles de Puerto Rico (ACLU) correctamente denunció que el mismo es peligroso, debido a que no existe manera de asegurar que unas elecciones por Internet eviten alteraciones.

Hace meses el PIP plasmó su oposición. En el caso específico de la gobernadora Wanda Vázquez, el senador Juan Dalmau Ramírez le advirtió del peligro del proyecto. En aquel momento como gobernadora, sin aún decir que era candidata, Vázquez expuso que vetaría cualquier medida electoral sin consenso. Ahora resta por ver si como candidata cumple su palabra de representar a todos los sectores.

En momentos difíciles como los que vive Puerto Rico, con una profunda crisis económica y los efectos devastadores por fenómenos atmosféricos, lo menos que necesita nuestra patria es cambiar las reglas del juego para beneficiar al partido de gobierno. Mientras trabajan el lenguaje final de este proyecto en cuartos a oscuras, la advertencia es clara: cuidado con traquetear con algo tan fundamental como lo es el derecho al voto.




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