El gobernador Ricardo Rosselló ha reiterado que no se propone renunciar, con el propósito, ha repetido varias veces, de culminar el trabajo iniciado hace dos años y siete meses. Ha sido categórico en sus expresiones públicas en que es esa su decisión firme y final, por no haber violado ley alguna. En contraste con su decisión, numerosas agrupaciones, entidades y personas -algunas de ellas con legítimo derecho por estar ofendidas por los inaceptables textos del chat en la mensajería Telegram- insisten en su salida inmediata de La Fortaleza. Así las cosas, estamos ante un serio diferendo que es malo para todos.

Entonces, esta divergencia provoca una situación de complejas consecuencias para la marcha eficiente del Estado. Que podrían ser irremediablemente peligrosas en tanto atenten contra la seguridad pública y el bienestar social. Me explico. 

Reconociendo el derecho a la protesta y -como la constitución de gobierno local garantiza- “a pedir del gobierno la reparación de agravios”, es forzoso tomar nota de cómo el cuerpo sano de quienes se sienten agraviados se va contagiando con el virus de los “piqueteros profesionales”, enemigos de la democracia en búsqueda del caos social sobre el que piensan podrían gobernar. Marchar, protestar, exigir la reparación de agravios es, no solo un derecho, sino la obligación de todo ciudadano en una democracia. Es un derecho y una obligación que requiere ejercerse dentro de los márgenes de la legalidad, porque, de lo contrario, e irónicamente, demandarlo mediante la violencia, sería un ejercicio pernicioso sin asomo siquiera de resolución.

Marchar hasta los predios de la Casa de Gobierno o de las Leyes está garantizado como derecho legítimo. Pero, causar daños a los establecimientos comerciales, destruir propiedad pública, agredir a agentes del orden público, dañar paredes de comercios y residencias, paralizar la transportación pública, obstaculizar la vía libre, instar al desorden en la manifestación, no está garantizado por la constitución y está en orden la detención de los amantes del caos infiltrados en una protesta pacífica. 

Con cualquiera de esas acciones violentas no se está castigando al objeto de la protesta, sino al pueblo. Al pueblo que los infiltrados dicen defender. No puede permitirse que, a falta de votos, los infiltrados del caos prevalezcan con su alboroto violento.

De manera que es de rigor apuntar que la salida del diferendo prevaleciente tiene que enmarcarse en la legalidad y el civismo. Una de esas vías, como lo ha anunciado el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos (Johnny) Méndez Núñez, es la designación de un grupo de juristas respetables, adeptos a los tres partidos representados en ese cuerpo legislativo para que, en un plazo no mayor de 10 días, determine si -como salida de la crisis prevaleciente- hay motivos o no para iniciar un proceso de residencia (vocablo correcto) contra el gobernador. Es el proceso idóneo y establecido en la constitución, en el que las partes convertidas expondrían sus argumentos a partir de los cuales se tomarían los pasos que dispone la carta magna.

El camino del caos inducido no es la solución a la presente crisis.