El domingo, 21 de mayo del 2017, la administración de la Universidad de Puerto Rico (UPR) dirigió todos sus esfuerzos legales al uso de la violencia en contra de los y las estudiantes en huelga en el Recinto de Río Piedras al solicitar un Auto de Mandamus contra la Policía de Puerto Rico. Dicho recurso legal pretendía obligar a la Superintendente de la Policía de Puerto Rico, Michelle Hernández de Fraley, a "conservar el orden público" y asegurar "la obediencia de las leyes" mediante la represión policial en dicho recinto.