

El gobierno de Puerto Rico avaló esta semana un proyecto de ley que tiene como objetivo enmendar la nefasta Reforma Laboral del 2017. Esta medida, aprobada hace cinco años, tuvo como objetivo principal desreglamentar el mercado de trabajo, así como menoscabar derechos de empleados en el sector privado. En aquella ocasión se argumentó por las autoridades gubernamentales que el nuevo ordenamiento, autorizado vía expedita apenas unas semanas de haber iniciado la administración de Ricardo Rosselló, convertiría al país en una jurisdicción atractiva para establecer negocios y crear oportunidades de empleo. No obstante, esos objetivos no se cumplieron, según constatado por los indicadores económicos oficiales.
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