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A principios del 2011 se implementó el Código de Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico con la intención de “aliviar el bolsillo del puertorriqueño mediante tasas contributivas justas y controlar los gastos gubernamentales”. La implementación de esta reforma, decían, impulsaría nuestro crecimiento económico y facilitaría los procesos para nuestros contribuyentes. Eran aspiraciones loables.
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