
Opinión
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Cuando una persona pierde la vida porque otra decidió conducir en estado de embriaguez, el resultado es devastador. La indignación pública es comprensible, así como la necesidad de una respuesta firme por parte del Estado. Sin embargo, la severidad no puede reemplazar la coherencia normativa. Hoy en Puerto Rico, el derecho penal contiene una contradicción estructural que merece atención legislativa.
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