El debate público en torno a la renuncia del gobernador fluctúa entre lo sublime y lo mundano. Políticos y ciudadanos ponderan los fundamentos legales y morales de la decisión que debe tomar el gobernador, luego de haberse descubierto su comportamiento y visión del mundo inmoral.  

La moral constituye el ámbito de las ideas y acciones “de las personas, desde el punto de vista de su obrar en relación con el bien o el mal, y en función de su vida individual y, sobre todo, colectiva” (Diccionario de la Real Academia Española). Lo legal no siempre es moral y lo moral no siempre es legal. Este es el principio fundacional de la desobediencia civil, iniciada por Gandhi contra el colonialismo británico y practicada por Martin Luther King contra el racismo estadounidense. 

El gobernador Ricardo Rosselló, quien en su conferencia de prensa el pasado jueves no convenció a nadie fuera de su partido de su arrepentimiento, asistió el domingo a la iglesia protestante “El Calvario” para reiterar su constricción. La mayoría sigue sin creer su arrepentimiento. Las protestas ciudadanas no cesan de exigir la renuncia del gobernador en los portones de La Fortaleza y las redes sociales. Las figuras artísticas más destacadas del país proclaman al mundo que el gobernador debe renunciar. El consenso abrumador entre los/as puertorriqueños/as dentro y fuera de la isla clama por la renuncia del primer mandatario del país.

Solo una fracción del “corazón del rollo” del PNP lo apoya. Pero incluso los que defienden al gobernador dentro de su partido saben que no tienen razón. El gobernador ha perdido su legitimidad: nadie cree en su arrepentimiento y la evidencia les da la razón. Esto no es cuestión de si legalmente se constituyó un delito o no. El gobernador ha perdido su legitimidad y eso lo hace incapaz de liderar un gobierno, ni un partido, ni tampoco a la facción que pretende defenderle. La única manera de superar una crisis de legitimidad en la política es mediante la renuncia del gobernante o de un golpe militar, y sabemos que lo último es imposible en nuestra situación colonial.

Si todos, incluso sus “defensores”, saben que la situación es insostenible, ¿por qué los legisladores aplazan la ineludible conclusión? ¿Por qué se construye toda una teoría legal para aplazar el proceso de residenciamiento, cuando la médula del problema es de índole moral?

Porque la minoría de legisladores, en su mayoría hombres, maniobran y manipulan el proceso para tomar ventaja de este. Para ellos el problema no es qué hacer sino a quién nombrar sucesor, cuántos votos costará, cuántas alcaldías se perderán o si es posible ganar en medio del descalabro porque la oposición es igual o peor. 

La marcha de ayer lunes deja claro que hemos tocado fondo. La crisis de legitimidad no es solo del gobernador, es del PNP, del PPD y de la política tradicional. Cuando el gobernador finalmente renuncie y se completen las maniobras politiqueras, el reto será cómo construir nuevas alternativas para la buena gobernanza.