Vivimos un momento histórico para nuestra niñez y juventud, en el que las políticas públicas se encaminan a identificar alternativas que promueven el bienestar y desarrollo integral de los menores. Como parte fundamental de ese proceso, durante el verano de 2022, se reformó la Ley de Menores de Puerto Rico (Ley 88-1986), que estableció los 13 años como edad mínima para casos de menores, y se añadieron procesos de mediación para la resolución de conflictos, promoviendo alternativas menos punitivas. Para hacer efectivas estas disposiciones se requiere la colaboración entre agencias gubernamentales y organizaciones del tercer sector, para poder activar recursos e impulsar iniciativas dirigidas a los jóvenes que interactúan con el sistema de justicia. En esta coyuntura es necesario proveer alternativas en áreas de prevención y servicios.