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El anuncio de que el gobierno pagará un bono especial de casi $3,000 a más de 98,000 empleados públicos ha causado cierta controversia. Por un lado, no hay duda de que es justo conceder una compensación especial, y que no es recurrente, a trabajadores de la administración pública que no recibieron ajustes salariales en los años duros de la austeridad fiscal. Pero, por otro lado, es razonable que muchos se pregunten por qué si hay un sobrante en el presupuesto, este no se distribuye entre todos los contribuyentes del país.
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