Ayer fue un día desafortunado para nuestras instituciones gubernamentales, particularmente para la Asamblea Legislativa y la Rama Judicial. Por iniciativa legislativa se desarrollaba un proceso encaminado a la aprobación de dos medidas cruciales en nuestra sociedad. La primera de ellas el Código Civil, la segunda, la Ley Electoral. Por petición e iniciativa de la Rama Judicial y de su juez presidenta, se cabildeaba un incremento salarial significativo para el beneficio, único y exclusivo, de las y los magistrados del Tribunal General de Justicia. 

El Código Civil es, después de la Constitución, la pieza más importante de nuestro ordenamiento jurídico. La discusión pública ha concentrado su atención en el efecto del nuevo Código en el derecho al aborto, la adopción, el matrimonio entre las parejas de un mismo sexo. Si bien es legítimo el escrutinio de esta medida sobre estos aspectos del derecho de familia, los cambios en el Código trascienden el ámbito personal y familiar. 

El Código Civil regula también lo relativo a los derechos de propiedad y los contratos. El principio de la libertad en la contratación es uno de los pilares del sistema de libre empresa. Mediante los contratos, se genera riqueza en la sociedad, al hacer posibles las transacciones comerciales y personales, y la producción y adquisición de los bienes y servicios que necesitamos para satisfacer nuestras necesidades. La propiedad que generamos como resultado de esas transacciones contractuales es uno de los derechos fundamentales que protege nuestro sistema constitucional. 

El Código también regula lo relativo a la herencia. Esto hace posible la transmisión de riquezas de una generación a otra y otra y así sucesivamente. El regular cuánto una persona deje, a quién y cómo lo deje cuando muera, si no se hace bien, es una de las maneras de perpetuar la desigualdad en la sociedad y privarle al estado de recursos vitales para promover una sociedad más justa. 

Es una verdadera tragedia que una medida que puede trastocar asuntos tan trascendentales para la sociedad no haya podido discutirse públicamente con mayor detenimiento y que el Código fuese a imponerse atropelladamente mediante una aprobación fast track, excluyendo de las gradas a profesores universitarios de Derecho y a estudiantes, genuinamente interesados en ayudar a contar con una mejor legislación.

Otra desgracia mayor es la degradación moral que ayer hizo de sí misma la Rama Judicial. Se ha revelado que la juez presidenta Maite Oronoz solicitó del presidente del Senado y de otros legisladores, la presentación de un proyecto para incrementar en, al menos treinta por ciento, los salarios de las y los jueces. La iniciativa en sí denota una enajenación e insensibilidad respecto a la realidad económica que vive el país y el resto de sus servidores públicos. Los jueces, aunque tienen derecho a aspirar a más, son de los empleados mejores compensados y con mejor plan de retiro en todo Puerto Rico. Pretender más beneficios para sí con exclusión de policías, maestras y enfermeros y otros más necesitados, es un acto de arrogancia e insensibilidad reprochable. 

Pero el colmo es que jueces del Tribunal Supremo y de Primera Instancia, luego del escándalo creado con su petición de aumento salarial exclusivo, fuesen a cabildear por su interés y beneficio personal, ante el caucus del Partido Nuevo Progresista en el Senado. Semejante proceder genera honda preocupación, ya que con frecuencia la Asamblea Legislativa se ve involucrada en pleitos de alto interés público que le corresponderá resolverlos a la Rama Judicial. La preocupación inevitable es cuán comprometida queda la independencia judicial cuando cualquier atención a sus reclamos de mejoría económica se los debe a la legislatura. 

Afortunadamente, ayer la gobernadora Wanda Vázquez y el presidente de la Cámara hicieron la diferencia. La gobernadora hizo públicas sus dudas con el proyecto del Código Civil y Méndez alertó a los jueces que no había ambiente público para aprobarles un aumento. Gracias a sus posturas, ambas iniciativas fueron retiradas. Ojalá aprendamos de esta experiencia y no tengamos nuevamente otro de estos días infames en nuestra legislatura.