Coexisten dos visiones sobre el Estado Libre Asociado dentro del Tribunal Supremo de los Estados Unidos: la reaccionaria esbozada por el juez Clarence Thomas y la progresista elaborada por la jueza Sonia Sotomayor. 

Ahora el debate sobre la naturaleza del ELA está definido por jueces del propio Tribunal Supremo, no por los políticos aquí. Y los politólogos forenses que quisieron declarar al ELA muerto lo ven de pronto reaparecer muy bien acompañado. 

El juez Thomas, siguiendo su visión ultraconservadora, dice lo que se la pasan diciendo aquí los independentistas, los soberanistas y los estadistas: que la cláusula territorial le permite al Congreso actuar a gusto y gana con Puerto Rico. 

La jueza puertorriqueña Sotomayor en esencia le responde: “que no, no y no”. Expresa de manera contundente y elaborada, citando opiniones previas del mismo Tribunal Supremo: que Estados Unidos hizo un pacto con Puerto Rico. Que el gobierno federal renunció (relinquished) a su control sobre los asuntos locales de Puerto Rico. Que la intención del Congreso fue darle a Puerto Rico el mismo grado de autonomía e independencia normalmente asociado con los estados de la unión. Que, en fin, Puerto Rico es una entidad política autónoma, soberana sobre los asuntos no gobernados por la Constitución de Estados Unidos. 

Añade, citando a tratadistas locales e internacionales como José Trías Monge, Samuel Issacharoff y Rafael Hernández Colón: que los poderes del Congreso bajo la cláusula territorial han quedado limitados por esas renuncias. Que es muy dudoso que el Congreso pueda revocar por su cuenta el pacto, pues al igual que es inconcebible que le pueda revocar la independencia que una vez le concedió a las Filipinas, tampoco parece que pueda hacerlo con los poderes que le cedió a Puerto Rico. En otras palabras, que el pacto luce no ser revocable salvo por mutuo consentimiento.

Y dice más: que el pacto tuvo ramificaciones internacionales, pues Estados Unidos le representó a las Naciones Unidas, en cumplimiento con sus obligaciones internacionales, que Puerto Rico había adquirido una autonomía completa sobre sus asuntos económicos internos y sobre los asuntos culturales y sociales. A su entender, si Estados Unidos hizo esas representaciones, tiene que asumir la responsabilidad correspondiente.

Todo eso se lo oímos decir a Muñoz Marín y a Hernández Colón tantas veces por tantos años. Con aquella admirable perseverancia que los dos tenían. Inmutables ante las críticas. Sostenidos por la fuerza del convencimiento honesto. La concurrente de Sotomayor es un triunfo de ellos y de los demás estadolibristas que se han mantenido siempre ahí, ahí, ahí. 

Ya la realidad del ELA no es un mero argumento partidista. Ya los detractores del ELA no pueden decir sin lucir un tanto quedados en el pasado que el pacto y el mutuo consentimiento son farsas inventadas por estadolibristas. Ahora la realidad y dimensión del proceso de 1950-1952 creando el ELA se pronuncian desde las ventanas del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, por una puertorriqueña que lidera el ala liberal de la corte.

Por supuesto, no se puede ignorar que allí está el juez Thomas pensando distinto. Pero no parece que los demás jueces piensen de esa manera tan extremista en pleno siglo XXI. 

A manera de diversión, veo ese choque de visiones como si fuera un juego de béisbol. La jueza Sotomayor dirige un equipo y Thomas el otro. Veo a varios que conozco sentados detrás del dugout de Thomas, gente que se jactan de izquierda, pero apoyan esa posición tan de derecha. Yo estoy sentado en palco detrás del dugout de Sotomayor aplaudiendo y apoyando a mi equipo.