Mientras los partidos políticos, tradicionales o emergentes, engañan al país omitiendo la gran verdad de la gobernanza, ya se perfila en el horizonte la nueva Junta de Control Fiscal, cuya composición debe en estos momentos estar cuadrada, puesta sobre el escritorio de Donald Trump para sus comentarios.

Yo espero que todos esos politiqueros, legislativos o no, que hoy se van a disfrutar sus merecidas vacaciones y a buscar dinerito para sus campañas, no vayan a desperdiciar el tiempo en celebraciones o mítines, contando más mentiras.

Espero, asimismo, que comprendan que sus estrategias, programas partidistas y “agendas urgentes”, tendrán que ser revisadas de acuerdo con lo que se avecina.

Al explicar su renuncia, el mensaje implícito en la declaración de José Carrión, presidente del ente federal, fue el siguiente: “ha sido un placer, pero no podemos con el gobierno”.

Se refirió a su decepción por la falta de compromiso, y la renuencia de esta administración, y de las anteriores, a implantar medidas que, por impopulares, ponen en riesgo su triunfo electoral. Es decir, su tren de vida y sus privilegios.

Antes de que Carrión presentara su renuncia, la directora ejecutiva de la Junta, Natalie Jaresko, le preguntó al secretario de Hacienda, Francisco Parés, que para cuándo los estados financieros auditados de 2017, 2018 y 2019.

Parés contestó que el de 2017 planean entregarlo el próximo agosto. El de 2018, lo harían público en abril de 2021, y el de 2019… bueno, el de 2019 lo tendrían listo en enero de 2022.

La cara de Jaresko era un poema.

Y eso que Parés se calló, por educación, lo que pensamos todos:

El estado financiero auditado de 2017 estará en agosto si se disuelve el polvo del Sahara, si llueve, si Carraízo coge agua, si no tiembla, si no hay rebrotes de COVID-19, y si este año no nos azota un ciclón. Por el contrario, si algo imprevisto ocurriera —un meteorito que se acerque más de la cuenta y nos vea como los presumidos dinosaurios que somos—, el estado financiero de 2017 no estaría listo hasta 2022, y el de 2019, no antes de 2030.

En la Casa Blanca solo esperaban por la decisión unánime del Tribunal Supremo federal, validando la constitucionalidad de los nombramientos de la Junta, para dar paso a una nueva etapa. La petición de Carrión de que lo relevaran ya tiene tiempo, al igual que la de otros miembros de la Junta que desean volver a la normalidad de sus trabajos y negocios.

Presumo que los nuevos nombramientos bajarán en agosto o septiembre. No alcen la voz ni empiecen a especular. No se precipiten.

Y una última cosita, tampoco se olviden de la jueza Laura Taylor Swain, que en la pirámide de decisiones está muy alto. Callada. Algo tensa.