


Hay reformas que nacen de buenas intenciones pero que, en su ejecución, producen el efecto contrario al que se persigue. La legislación que actualmente se evalúa en Puerto Rico —y que, entre otras cosas, propone trasladar las funciones administrativas de los tribunales desde la Presidencia del Tribunal Supremo hacia el pleno de ese alto foro— es, a mi juicio, una de ellas. La iniciativa no solo levanta graves sospechas de invalidez constitucional, sino que amenaza con convertir al máximo tribunal del país en un organismo burocrático, distrayéndolo de su misión más elevada: interpretar el derecho y pautar la jurisprudencia que rige la vida de todos los puertorriqueños.

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