Si en algo estamos de acuerdo todos los grupos representativos de nuestra sociedad es que Puerto Rico enfrenta, desde hace años, una situación de gran incertidumbre, particularmente en lo que concierne a su realidad socioeconómica y política. Y no es para menos. Desde el segundo trimestre del año 2006 hemos sido testigos de las consecuencias de una profunda recesión –con todas las características de una depresión económica—que se ha manifestado en la reducción de más de una quinta parte de los puestos de trabajo con que contábamos cuando culminó el año fiscal 2007. Tal contracción de la capacidad productiva se ha traducido también en la reducción del tamaño de nuestra economía en sobre 20%, cifra que confirmaremos cuando cierre el presente año fiscal. 

Pero lo más trágico y preocupante de este panorama no son las cifras macroeconómicas que lo definen con absoluta claridad, sino la dimensión humana implícita tras las estadísticas. En nuestro país sólo cuatro de cada 10 personas que están en edad de trabajar se presentan formalmente al mercado laboral. Es decir, seis de cada 10 personas mayores de 16 años no pertenecen al grupo trabajador, por lo que, de forma directa o indirecta, constituyen mayoritariamente esa enorme masa de seres humanos que dependen de la ayuda de algún familiar, de transferencias gubernamentales o de la economía subterránea. 

Si a los anteriores les sumamos los cientos de miles de hombres y mujeres que buscan empleo activamente y no lo consiguen –tomando en cuenta a quienes han perdido sus puestos de trabajo como consecuencia de la pandemia del COVID-19—comprenderemos el porqué del cuadro de creciente pobreza y desigualdad que se evidencia a diario ante nuestros ojos. El hecho contundente que complementa ese perfil socioeconómico es que cerca de la mitad de nuestros niños y niñas vive en condiciones de pobreza, y una enorme proporción de nuestra población envejecida también es pobre.

Pero la incertidumbre no sólo se manifiesta en las serias implicaciones asociadas al escenario socioeconómico descrito, y sobre el cual solo he citado algunas de sus manifestaciones más evidentes. Lo cierto es que, en el ámbito político, en esa otra dimensión fundamental de nuestra vida colectiva, la cotidianidad nos presenta a unos actores –administradores de turno de la colonia—cuyos actos se desvinculan cada vez más de los intereses de la inmensa mayoría del pueblo al que reclaman representar. Alimentan a conciencia la incertidumbre con su incapacidad de desempeñarse en sus funciones de forma racional para solucionar los problemas más básicos; cometen errores una y otra vez en la toma de decisiones y, sobre todo, se apoderan de fondos públicos y los distribuyen descaradamente entre los suyos, sin inmutarse y con garantías de impunidad. A esos señores, a esas señoras, estamos obligados a responder con nuestra militancia y con nuestros votos, con valentía y con arrojo, para darnos a respetar de una vez y por todas. Sobre esa respuesta de nuestro pueblo propondré algunas ideas en mi próximo escrito.