Un día le escuché decir a un compañero que los jueces no estábamos para combatir la criminalidad, que eso era función de policías y fiscales. Eso, dicho así, pudiera parecer correcto. Es la idea de que el juez debe ser un moderador del proceso judicial y no un participante activo para beneficiar a una de las partes.

Y ciertamente el juez debe evitar toda actuación que pudiera echar sombras sobre su imparcialidad. Su conducta debe inspirar confianza en la gente a quien sirve, aun cuando sabemos que la mitad de los litigantes y allegados que acuden ante él —los que pierden sus casos—, podrían estar en desacuerdo con el resultado. Son actitudes ciudadanas que renacen cada vez que escuchamos con estupor que algún componente del sistema ha fracasado estrepitosamente y con consecuencias mortales en su función pública.

En este sentido, estos últimos días han sido particularmente duros para nuestra gente al tener que confrontarse con otro fracaso del sistema de administración de la justicia. Una mujer es amenazada de muerte con arma blanca por su expareja, en el lugar de trabajo de ella y alterando la paz de los que se encontraban en el lugar, quienes llaman la Policía. La agente acude a consultar el asunto con un fiscal, quien, sin sentido de urgencia y sin aparentemente hacer una evaluación de peligrosidad del delincuente, le da instrucciones de que no lo arreste, sino que lo cite para la semana siguiente, y que lleve a la mujer a obtener una orden de protección. El juez escucha la prueba bajo juramento y expide la orden, pero no ordena el arresto del hombre por ningún delito de la Ley 54, del Código Penal o de la Ley de Armas. Antes de que llegue a su cita con la justicia, aplazada por el fiscal, el hombre va y la mata. Ahora el fiscal se encuentra suspendido de empleo y sueldo. Y hay una familia destrozada por el dolor.

Entonces, el ciudadano se pregunta —y con mucha razón— ¿qué otra cosa pudo haber hecho a tiempo el sistema de administración de la justicia para proteger la vida de la víctima? Aparentemente, la mujer policía siguió el protocolo. Ahora se investiga si el fiscal incumplió el del Departamento de Justicia. ¿Y los tribunales? Pues habría que ver. Sabemos, por lo que reseña la prensa, que la mujer declaró ante un juez y este, basado en su testimonio bajo juramento, expidió una orden de protección. Sin embargo, no determinó causa para el arresto, lo cual estaba autorizado a hacer por la Regla 6(a) de Procedimiento Criminal. Esta dispone que un juez que escucha testimonio bajo juramento, sin que se hubiese presentado ante él una denuncia preparada por la Policía, cuyo testimonio sea suficiente para establecer causa probable para el arresto de una persona, “deberá levantar un acta concisa y breve en la que exponga los hechos del delito por el cual determina causa probable”, ordenar el arresto del delincuente y fijarle una fianza. Es decir, que el juez no necesita que le presenten una denuncia cuando una víctimao testigo declara bajo juramento sobre algún hecho delictivo. El acta sustituye la denuncia. No es algo común, pero se hace; yo lo hice.

En el caso del que hablamos, esto no ocurrió. Y debemos preguntarnos: ¿por qué ni el fiscal ni el juez apreciaron la peligrosidad de este individuo? ¿Habría bastado una actuación judicial como la autorizada por esta regla para evitar la muerte de esta víctima? Nunca lo sabremos ni tendremos la oportunidad de averiguarlo. De haberse utilizado la Regla 6(a) la mujer quizás hubiera tenido una mejor oportunidad de salvar su vida. Y hubiéramos podido afirmar que la ley provee la ruta, cuando las circunstancias lo ameritan, para que los jueces “combatan” la criminalidad, sin perder su esencial obligación de ser imparciales. Es cuestión de saber cuándo utilizar esa ruta sin convertirse en fiscales o policías.