Era el primer jueves de 2018 y se sentían los bríos del nuevo año. Atrás quedaba el año huracanado que marcó un antes y un después en la vida colectiva del país. Los funcionarios más importantes se congregaron en La Fortaleza, se abrazaron porque el concepto COVID-19 era inexistente y porque todavía no eran enemigos, y se congratularon porque darían una noticia simpática.

Ricardo Rosselló, que para entonces pensaba que gobernaría seis años más, anunció jubiloso que convertía en ley un código anticorrupción que protegía a los “whistleblowers”, esos funcionarios con reserva moral sobre los que recae la ingente tarea de velar por la rectitud del gobierno y denunciar la corrupción.

Parece que fue hace una eternidad, pero estaban allí en ese evento, todos juntos y revueltos, el entonces secretario de Hacienda, Raúl Maldonado; la presidenta de la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente, Nydia Cotto Vives; y la entonces secretaria de Justicia, Wanda Vázquez.

Bien cerca de Rosselló se ubicó precisamente Vázquez, quien estaba contenta porque el anuncio iba a tono con el mito publicitario que para entonces desarrollaba de ser la eterna fiscal y la mujer de “ley y orden”. Nadie entonces podía imaginar que apenas 18 meses después el pueblo expulsaría a Rosselló de Puerto Rico. Nadie podía imaginar tampoco que Vázquez, la tercera en la línea sucesora de la Constitución, sustituiría a su entonces jefe.

Y nadie podía imaginar, mucho menos, que la ley que se firmaba ese jueves 4 de enero de 2018 en los jardines de La Fortaleza, propulsada y cabildeada por Vázquez, sería la misma que utilizaría el Departamento de Justicia, que ella entonces dirigía, para referirla al FEI.

Vázquez afirmó aquel día: “El código dispone para que toda aquella persona que tenga conocimiento, tenga el deber de informar y, una vez hecho eso, nadie, (ni) el supervisor, puede tomar represalias contra estas personas. No solamente es un delito grave, sino que están excluidos de la Ley de Sentencia Suspendida”.

El referido que hizo Justicia al FEI inicia precisamente con esa cita de Vázquez, como para recordarle que sus propias palabras, en este caso, delatan la seriedad de sus actuaciones.

El referido se puede resumir así: miles de puertorriqueños sufrían escasez tras terremotos en el sur. Había suministros en poder del gobierno. Algunos políticos controlaron la distribución de esos suministros para aparentar ser ellos los salvadores de quienes estaban desprovistos y así ganar réditos públicos. Una funcionaria que vio toda la jugada politiquera – la entonces secretaria de Familia, Glorymar Andújar – lo denunció ante la gobernadora. La gobernadora entonces botó a la “whistleblower” Andújar porque le molestó más la denuncia que la corrupción, con la cual, de hecho, no hizo nada.

Lo que sí hizo la gobernadora, siguiendo su histórico patrón, es mover las palancas del sistema de justicia para tratar de protegerse ella y pisotear a quienes la fiscalizan. Primero, la gobernadora botó a la secretaria de Justicia, Dennise Longo, cuando esta última ya había decidido referirla al FEI. Luego designó como jefa de Justicia a una jurisconsulta cuya única acción al mando de la agencia fue intentar frenar el referido que iba de camino al FEI. El día que el panel de exjueces del FEI entendió que era probable la comisión de delitos por parte de la gobernadora, ella convocó a un referéndum para enmendar la Constitución. Y el día después de la acción del FEI, sin sonrojo alguno, designó en receso a un allegado suyo para que esté allí metido en el FEI. La Cámara lo colgó a las millas, pero la gobernadora al parecer lo necesita mucho allí y todo apunta a que utilizará el sistema a favor del nominado pero, sobre todas las cosas, y como ha hecho siempre, a favor suyo.