Paquetes de correo, cajas de botellas de agua, bolsas plásticas del supermercado y envases desechables para llevar el almuerzo forman el rastro cotidiano del consumo en Puerto Rico. Este patrón se traduce a un promedio de cinco libras de basura por persona, cada día. Una cifra que supera el promedio global de entre tres y cuatro libras y que, en una isla con espacio y recursos limitados, se convierte en cerca de 9,000 toneladas de desperdicios diarios que el país tiene que enterrar.

La raíz de este problema se encuentra en la cultura de alto consumo, sumada a la condición de isla que nos lleva a importar la mayoría de lo que consumimos. Productos con múltiples capas de empaque que, casi de inmediato, se convierten en basura. Todo esto ocurre sin que exista una política pública coherente y eficiente para manejar esos desperdicios, explicó Carlos A. Contreras Moreno, principal oficial ejecutivo de ConWaste, empresa que maneja entre el 65 % y el 70 % de los desperdicios sólidos en Puerto Rico.

Actualmente, apenas un 5 % de la basura en el país se recicla. Contreras señaló que alrededor del 50 % del material que llega en los contenedores de reciclaje es realmente basura.

Aunque aumentar la tasa de reciclaje es urgente, igual de importante es intervenir en el origen. Es decir, reducir la cantidad de basura que generamos. Eso implica un cambio en la manera en que consumimos y en las decisiones cotidianas que damos por sentado.

Un ejemplo claro es el uso de botellas plásticas de agua.

“Las botellas de plástico son fatales para el ambiente”, sostuvo Contreras.

Entre un 20 % y un 25 % de la basura en Puerto Rico es plástico, una proporción que duplica la de Estados Unidos. Gran parte de ese volumen podría evitarse con alternativas sencillas: filtros de agua en los hogares, envases reutilizables o la compra de formatos de mayor tamaño.

La misma lógica aplica a otros hábitos. Comprar productos a granel, optar por frutas y vegetales frescos, reducir el uso de empaques innecesarios o incluso exigir a los comercios menos envoltura en los envíos son acciones que, multiplicadas, pueden tener un impacto significativo.

Sin embargo, ese cambio individual no ocurre en el vacío. Requiere educación, pero también incentivos.

“Si a la persona no le cuesta o no le dan incentivo, la gente no responde”, advirtió Contreras.

Ahí es donde entra el rol del gobierno. Políticas como el cobro por bolsas plásticas en los supermercados, por ejemplo, no han tenido el efecto esperado. A juicio de Contreras, incluso han empeorado el problema.

“Las bolsas siguen llegando en igual cantidad, pero ahora son más gruesas, más difíciles de manejar y tardan más en descomponerse”, explicó. Es decir, se sustituyó un problema por otro, sin reducir el consumo.

Algo similar ha ocurrido con la prohibición del foam. Aunque ha disminuido su uso, ha sido reemplazado por otros materiales igualmente persistentes. Sin una estrategia integral, que incluya un fuerte componente educativo, las medidas aisladas terminan siendo insuficientes.

El reciclaje, por su parte, enfrenta retos estructurales. En Puerto Rico, el manejo de desperdicios sólidos recae en los municipios, que operan con recursos limitados y capacidades desiguales. Son 78 sistemas distintos, sin una coordinación efectiva a nivel isla.

“Es cuestión de establecer programas y asignarle recursos al manejo de desperdicios sólidos”, planteó Contreras. “Hoy cada municipio tiene que diseñar y costear su propio programa, y todos sabemos que no tienen las herramientas para hacerlo”, indicó.

Esa fragmentación impide que iniciativas como el reciclaje o el compostaje alcancen la escala necesaria para ser efectivas. En el caso del compostaje, la brecha es aún más evidente. Cerca del 30 % de la basura que se genera en la isla es orgánica, pero termina en vertederos en lugar de convertirse en abono.

“Llevo 33 años en esta industria y no se ha podido establecer un programa de compostaje adecuado”, señaló. Los intentos han fallado por falta de participación, fiscalización y, sobre todo, viabilidad económica. Para que esta alternativa funcione, tiene que haber volumen, precisó Contreras.

Una posible solución, sugirió, es la creación de programas de suscripción respaldados por incentivos contributivos que fomenten la participación ciudadana. Pero nuevamente, eso requiere voluntad del gobierno central para establecer políticas claras y asignar recursos.

Las alternativas existen y si se implementaran, el país podría reducir entre un 30% y un 40% la generación de basura desde los hogares.

Contreras recomendó fortalecer y expandir los programas de reciclaje comenzando por materiales básicos como plástico #1 y #2, aluminio y cartón. A la par, establecer proyectos de compostaje eficientes con alta participación de la ciudadanía.

“Con eso podemos eliminar un 40 % o 50 % de los desperdicios que llegan a los vertederos”, aseguró Contreras.

Incluso dentro del sistema actual, hay ejemplos de cómo aprovechar mejor lo que hoy se descarta. Desde hace más de una década, ConWaste opera proyectos que convierten el gas generado por la descomposición de la basura en energía en Toa Baja y Fajardo, produciendo cerca de dos megavatios en cada instalación. Es una alternativa que añade valor, pero que no sustituye la necesidad de reducir.

Propuestas como la incineración de basura para generar energía, advirtió Contreras, pueden parecer rápidas, pero implican mayores costos y riesgos ambientales.

La ruta, insistió, es otra: atender lo básico: Reducir, reutilizar y reciclar.

La crisis de la basura en Puerto Rico no es nueva. Lo que sí resulta cada vez más evidente es que el país no puede seguir posponiendo decisiones que ya están identificadas. La responsabilidad es compartida, pero la capacidad de escalar soluciones recae, en gran medida, en el gobierno central.

Sin una política pública integrada, sin incentivos claros y sin inversión sostenida, el problema seguirá creciendo al ritmo del consumo. Y en una isla, ese crecimiento no tiene a dónde ir.

La autora es periodista colaboradora de Suplementos.