Google enfrentó un gran revés el jueves en su intento de revocar una multa antimonopolio multimillonaria de la Unión Europea relacionada con Android después de que el asesor legal de un tribunal superior se pusiera del lado de los reguladores.

La abogada general del Tribunal de Justicia Europeo, Juliane Kokott, recomendó en una opinión no vinculante que se desestime la apelación de Google contra la multa por valor de más de 4,000 millones de euros ($4,700 millones).

El caso se remonta a 2018, cuando la Comisión Ejecutiva de la Unión Europea impuso a Google una multa de 4,134 millones de euros después de determinar que la empresa tecnológica de Estados Unidos utilizó el dominio de su sistema operativo móvil Android para frenar la competencia y reducir las opciones de los consumidores.

Después de que Google presentara una apelación inicial, un tribunal inferior redujo la sanción a 4,125 millones de euros en 2022, que la empresa también apeló ante el Tribunal de Justicia.

Kokott aconsejó que el Tribunal de Justicia confirme la multa y confirme la sentencia del tribunal inferior, según un comunicado de prensa que resume su opinión.

Google dijo que estaba decepcionado con la opinión y agregó que si el tribunal la sigue, “desalentaría la inversión en plataformas abiertas y perjudicaría a los usuarios, socios y desarrolladores de aplicaciones de Android”.

“Android ha creado más opciones para todos y apoya a miles de empresas exitosas en Europa y en todo el mundo”, dijo la compañía en un comunicado.

Las opiniones del abogado general no son legalmente vinculantes, pero a menudo son seguidas por los jueces.

Los jueces ‘ahora están comenzando sus deliberaciones en este caso. La sentencia se dictará en una fecha posterior’, dijo el tribunal.

La multa fue una de las tres sanciones antimonopolio por un total de más de 8,000 millones de euros que la Comisión Europea impuso a Google en la última década, cuando el bloque de 27 naciones lanzó su ofensiva contra las grandes empresas tecnológicas.

Google todavía enfrenta una decisión de Bruselas en un caso antimonopolio dirigido a su negocio de publicidad digital.