Washington D.C. - Más de 70 legisladores de Puerto Rico, Estados Unidos y otra decena de países reclamaron, este martes, que el gobierno de Donald Trump cese las ejecuciones extrajudiciales de personas que navegan por el Caribe y el Pacífico, bajo alegaciones de que trafican droga.

“Como legisladores de 13 países de las Américas, nos oponemos firmemente a los ataques del gobierno de Estados Unidos contra pequeñas embarcaciones en el mar Caribe y el Pacífico oriental, que han resultado en cientos de ejecuciones extrajudiciales de civiles. Exigimos el fin de estas operaciones e instamos a los gobiernos de toda la región a abstenerse de facilitar estas graves violaciones del derecho internacional”, indica la declaración.

Las legisladoras del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) María de Lourdes Santiago, vicepresidenta de la colectividad, y Adriana Gutiérrez, así como los congresistas demócratas boricuas Nydia Velázquez y Alexandria Ocasio-Cortez, electas por Nueva York, figuran entre los firmantes, junto a sus colegas Jesús “Chuy” García (Illinois), Rashida Tlaib (Michigan) y Pramila Jayapal (Washington).

La declaración incluye también a parlamentarios de Colombia, Uruguay, Chile, Ecuador, Honduras, Canadá, Argentina, Guatemala, Perú, México y Paraguay.

Desde septiembre de 2025, el Pentágono ha ordenado la ejecución extrajudicial de al menos 234 personas que iban en embarcaciones por el Caribe y el Pacífico con supuestos cargamentos de droga.

La declaración advierte, además, que The Washington Post ha informado que la Agencia Central de Inteligencia (CIA) ha llevado a cabo ataques marítimos encubiertos en contra de embarcaciones pesqueras.

“No existe evidencia de que alguno de los objetivos representara una amenaza inminente que justificara el uso de fuerza letal. Las identidades de la gran mayoría de las víctimas siguen sin conocerse públicamente, y muchas de sus familias carecen de vías efectivas y seguras para obtener información, exigir justicia o acceder a reparaciones. Las comunidades costeras y pesqueras viven con temor e incertidumbre, ya que estos ataques ponen en riesgo sus vidas y medios de subsistencia”, agregó la declaración.

Los legisladores subrayaron que “los derechos a la vida y al debido proceso, así como las garantías contra el uso arbitrario de la fuerza, son principios fundamentales del estado democrático de derecho que nuestros países se han comprometido a respetar”.

“Las acusaciones de narcotráfico, por graves que sean, no permiten eludir ni dejar sin efecto estas protecciones, ni justifican el uso de la fuerza letal contra personas que no representan una amenaza inminente. Expertos jurídicos, organizaciones de derechos humanos y miembros y ex miembros de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos han planteado serias preocupaciones sobre la legalidad de estos ataques y han advirtiendo, entre otras cosas, que constituyen ejecuciones extrajudiciales”, agregaron.