Washington D.C. - El presidente del subcomité de Vivienda y Seguros de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Flood, criticó este miércoles que el gobierno de Puerto Rico solo haya utilizado un pequeño porcentaje de los $1,900 millones asignados para rehacer la red eléctrica por medio del programa de desarrollo comunitario para atender desastres (CDBG-DR).

Su intervención, al abrir una audiencia el miércoles, provocó que la congresista demócrata boricua Nydia Velázquez (Nueva York), argumentara que el lento uso de esos fondos está vinculado a las restricciones impuestas por el presidente Donald Trump durante sus dos mandatos.

Un informe de la Oficina del Inspector General del Departamento de Vivienda de Estados Unidos (HUD), divulgado en enero pasado, indicó que hasta la realización de ese estudio Puerto Rico solo había utilizado el 4.5% de los fondos asignados por medio del programa CDBG-DR para mejoras a la red eléctrica.

Además, el informe señaló que de los $109,800 millones asignados a los 50 estados, Washington D.C. y los territorios estadounidenses por medio de CDBG-DR en su historia, el 41% no se había gastado.

“Estas estadísticas desastrosas se deben tanto a la lenta asignación de fondos por parte del HUD como a la dificultad de los beneficiarios para utilizar los fondos una vez que se les asignan”, indicó el congresista Flood, electo por el distrito 1 de Nebraska y cuya subcomisión es parte del Comité de Servicios Financieros.

El subcomité de Vivienda y Seguros examinó en una audiencia pública las necesidades locales en los procesos de recuperación de desastres.

Por años, se ha debatido si el programa CDBG-DR debe ser codificado.

“Tenemos un programa no (reglamentado por ley) para el cual, en primer lugar, el HUD tiene dificultades para asignar fondos rápidamente. En segundo lugar, los beneficiarios tienen dificultades para gastar estos fondos de manera efectiva. Y en tercer lugar, HUD tiene dificultades para supervisar esos fondos. Ese es un conjunto vertiginoso de problemas para un programa que ha recibido más de $100,000 millones desde su inicio”, indicó el congresista Flood.

En su turno, Velázquez - número dos de la minoría en el Comité de Servicios Financieros-, dijo que los comentarios del congresista Flood le daban “la oportunidad de aclarar las cosas”.

“¿Quieren saber por qué Puerto Rico no ha podido gastar adecuadamente el dinero? Porque este presidente – Trump-, instruyó a FEMA durante su primer mandato para que bloqueara el desembolso de cualquier fondo de recuperación para Puerto Rico”, indicó Velázquez

La congresista boricua recordó que después del huracán María, solicitó una investigación al Inspector General de HUD sobre el freno en el desembolso de fondos para mitigar desastres.

“El informe concluyó que las obstrucciones al desembolso fueron intencionales. Y aquí estamos, nueve años después, imponiendo aún requisitos más restrictivos sobre el uso del dinero de recuperación. Como la ridícula directiva de la (ex) secretaria (Kristi) Noem para que FEMA aprobara cualquier contrato superior a $100,000, lo cual, como cualquiera puede imaginar, ha creado más obstáculos para la recuperación de una isla que sigue sufriendo la falta de acceso a servicios esenciales como el servicio de agua y una red eléctrica confiable”, subrayó Velázquez.

La legisladora federal sostuvo que “como miembros del Congreso de los Estados Unidos, deberíamos avergonzarnos de permitir que el pueblo de Puerto Rico no esté preparado para enfrentar ni siquiera un huracán de categoría uno”.

“Son puertorriqueños estadounidenses. Son nuestro problema porque los adquirimos. Desde 1898 hasta el último día que esté aquí, lucharé para que esto se haga justicia”, agregó.

Por su parte, Joseph Jaroscak, analista de Política de Desarrollo Económico en el Servicio de Investigaciones del Congreso, sostuvo que autorizar por ley CDBG-DR como un programa permanente “establecería un rol más directo” de HUD en la gestión federal de desastres.

“Si bien el HUD actualmente tiene responsabilidades en la gestión de desastres, incluida la administración del CDBG-DR, la autorización permanente ampliaría formalmente su alcance en esta área política. Dicho cambio podría implicar una mayor consideración de la plantilla del HUD y capacidad técnica para llevar a cabo funciones potencialmente ampliadas y permanentes relacionadas con la mitigación, respuesta y recuperación ante desastres”, explicó Jaroscak.

La opción de establecer un programa alternativo similar en la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), según el funcionario congresional, puede requerir también mejorar el personal y capacidad de esa oficina, “especialmente en lo que respecta a la experiencia en materia de vivienda y desarrollo comunitario, así como en ciertos aspectos de la asistencia para la recuperación de viviendas a largo plazo”.