Washington D.C. - La Asociación de Alcaldes reclamó al secretario del Departamento de Energía de Estados Unidos (DOE), Chris Wright, que restituya más de $700 millones asignados por el Congreso para proyectos de energía solar en Puerto Rico.

“Transmitimos, respetuosamente, nuestra profunda preocupación, e incluso nuestra indignación, por la reciente decisión del DOE de cancelar más de 700 millones de dólares en subvenciones del Fondo de Resiliencia Energética de Puerto Rico (PR-ERF)”, indicó Jorge González Otero, presidente de la organización que reúne a los alcaldes electos por el Partido Popular Democrático (PPD), en una carta enviada el jueves al secretario Wright.

González Otero, alcalde de Jayuya, indicó que, “de las aproximadamente 12,000 familias que quedaron sin sus sistemas solares y baterías debido a la terminación del programa el 9 de enero de 2026, una gran mayoría reside en municipios representados” por la Asociación de Alcaldes.

Como secretario del DOE, el secretario Wright decidió, en 2025, redirigir a trabajos relacionados con las mejoras generales a la red eléctrica $350 millones que el Congreso asignó, en 2022, a proyectos de energía solar, ya adjudicados, en más de 30,000 residencias de personas de escasos recursos económicos y/o discapacitados en Puerto Rico.

Previamente, Wright había desviado al sistema general eléctrico $365 millones destinados para instalar paneles solares y baterías de almacenamiento en égidas, centros de salud y residenciales públicos, que buscaba beneficiar a más de 700,000 personas.

Más de 40 demócratas del Congreso y cerca de 200 organizaciones de Estados Unidos y Puerto Rico dedicadas a la defensa de personas discapacitadas han solicitado a Wright que reoriente los fondos, que fueron impulsados por el fallecido congresista demócrata Raúl Grijalva (Arizona) e incluidos en una legislación presupuestaria suscrita por el presidente Joe Biden.

En total, el Congreso asignó $1,000 millones para iniciativas de energía solar. “Dicho lenguaje legislativo... constituye una directriz clara del Congreso federal respecto a quiénes debían beneficiarse”, sostuvo González Otero.

El alcalde afirmó que, “durante casi tres años, la Oficina de Despliegue de Redes del Departamento de Energía, en coordinación con municipios afectados, organizaciones comunitarias y aliados federales, diseñó e implementó dos programas principales que lograron resultados tangibles, incluyendo la instalación de 6,000 sistemas residenciales solares y de baterías en hogares vulnerables alrededor de Puerto Rico, además de otras 12,000 familias identificadas, evaluadas y aprobadas que esperaban la instalación de sus sistemas al momento de la cancelación”.

En abril, sobre 40 demócratas del Congreso solicitaron al secretario del DOE una sesión informativa para que rinda cuentas sobre las razones, la legalidad y el proceso que se ha seguido en torno a la cancelación de los más de $700 millones en proyectos de energía solar para Puerto Rico.

En una carta a Wright, los legisladores federales expresaron preocupación “por la decisión del DOE de privar de seguridad energética posterior a un desastre a las personas con discapacidad, los hogares de muy bajos ingresos, los centros de salud rurales y los residentes de las comunidades más difíciles de reabastecer de energía tras un desastre en Puerto Rico”.

La comunicación del mes pasado estuvo encabezada por el líder de la minoría demócrata en el Comité de Recursos Naturales, Jared Huffman (California); el comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández, y los cinco boricuas con plenos derechos en el Congreso: Nydia Velázquez (Nueva York), Alexandria Ocasio Cortez (Nueva York), Darren Soto (Florida), Ritchie Torres (Nueva York) y Nellie Pou (Nueva Jersey).

No se conoce si el DOE ofreció la sesión informativa a los legisladores federales.