Washington D.C. - Cuarenta demócratas de la Cámara de Representantes reclamaron este jueves al secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, una sesión informativa para que rinda cuentas sobre las razones, la legalidad y el proceso que se ha seguido en torno a la cancelación de más de $700 millones de dólares en proyectos de energía solar para Puerto Rico.

En una carta a Wright, los legisladores federales expresaron preocupación “por la decisión del Departamento de Energía (DOE, en inglés) de privar de seguridad energética posterior a un desastre a las personas con discapacidad, los hogares de muy bajos ingresos, los centros de salud rurales y los residentes de las comunidades más difíciles de reabastecer de energía tras un desastre en Puerto Rico”.

La comunicación está encabezada por el líder de la minoría demócrata en el Comité de Recursos Naturales, Jared Huffman (California), el comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández, y los cinco boricuas con plenos derechos en el Congreso: Nydia Velázquez (Nueva York), Alexandria Ocasio Cortez (Nueva York), Darren Soto (Florida), Ritchie Torres (Nueva York) y Nellie Pou (Nueva Jersey).

Pidieron que la sesión informativa tenga lugar, como muy tarde, el jueves 30 de abril, a las 5:00 p.m.

El DOE decidió, en 2025, redirigir a trabajos relacionados con la red eléctrica, en general, $350 millones asignados a proyectos de energía solar en más de 30,000 residencias de personas de escasos recursos económicos y/o discapacitados que estaban adjudicados.

Previamente, desvió al sistema general eléctrico $365 millones destinados para instalar paneles solares y baterías de almacenamiento en égidas, centros de salud y residenciales públicos, que buscaba beneficiar a más de 700,000 personas.

Las asignaciones eran parte del Fondo de Resiliencia Energética (ERF, en inglés) de Puerto Rico, creado por una ley del Congreso que otorgo $1,000 millones para proyectos de energía solar, como parte de las iniciativas para preparar al archipiélago de cara a futuros desastres naturales.

Los 40 miembros de la Cámara baja advirtieron a Wright que sus funcionarios deben ir a la sesión informativa preparados para explicar las razones jurídicas que demuestren que “los cambios en el gasto son coherentes con la intención del Congreso” de asignar los fondos del ERF, cuánta gente puede haber perdido seguridad energética y los centros de salud que pudieron haber sido elegibles.

Afirmaron que pedirán cuentas sobre “el número de hogares que superaron la fase inicial de aprobación de elegibilidad del proceso de adjudicación del ERF, el número de hogares que superaron la fase de inspección de viviendas y fueron considerados elegibles para un sistema, el número de instalaciones completadas antes de la congelación de fondos” y el total de cancelaciones.

En la carta, dijeron que pueden solicitar cómo el desvío de fondos beneficiará más rápidamente a personas con discapacidades y de bajos recursos económicos. Las peticiones incluyen una lista completa de los proyectos que recibirán los fondos que estaban destinados al ERF, así como los nombres, puestos y direcciones de correo electrónico de las personas que estuvieron a su cargo desde el 20 de enero de 2025, cuando Donald Trump regresó a la Casa Blanca.

En medio de los desafíos a que se enfrenta el sistema eléctrico de Puerto Rico, sobre todo después de que el huracán María de 2017 derrumbara la red y debido a su alto costo, los legisladores indicaron que “las viviendas con el suministro eléctrico más fiable del archipiélago son aquellas que cuentan con paneles solares en el techo y baterías, especialmente después de desastres naturales”.

“Si bien los fondos del ERF se asignaron inicialmente de manera transparente, teniendo en cuenta a las comunidades más afectadas, ahora se están redirigiendo bajo un manto de secretismo”, agregaron, al señalar que la Autoridad de Energía Eléctrica, Genera PR, LUMA Energy y el DOE “se han negado a revelar los proyectos específicos para los que se reasignarán los fondos, y LUMA y el DOE solo han proporcionado descripciones generales”.

No obstante, señalaron que los demócratas del Comité de Recursos Naturales, con jurisdicción primaria sobre los territorios como Puerto Rico, “han confirmado informes de que uno de los proyectos que recibirán financiación es un nuevo gasoducto de metano que atravesará la isla principal” y una página web del DOE parece confirmarlo.

La carta de los legisladores federales, de 10 páginas y muy detallada, recuerda, además, la oposición que generaron, en Puerto Rico, proyectos de gasoductos recientes, como Vía Verde en 2012 y el Gasoducto del Sur de 2009.

El DOE, indicaron, ha señalado que quiere utilizar los fondos desviados para reparar centrales eléctricas de gas metano y petróleo más antiguas.

“Los demócratas del comité han constatado que las centrales de combustibles fósiles específicas que recibirán financiación del ERF para reparaciones son desproporcionadamente antiguas y frágiles, y en algunos casos registran meses de inactividad incluso después de haber sido reparadas”, agregaron.

Los demócratas advirtieron que, mientras el DOE expresa su deseo de utilizar fondos del ERF para respaldar el control de la vegetación para proteger las líneas de transmisión y la modernización de la infraestructura envejecida, “la administración Trump ha retrasado la liberación de los fondos” destinados a esas tareas.

“De los $1,200 millones necesarios para la limpieza de la vegetación alrededor de las líneas de transmisión y distribución, subestaciones y caminos de acceso a las instalaciones, que se encuentran densamente cubiertas de vegetación, FEMA solo había desembolsado 24 millones de dólares (el 2%) hasta diciembre de 2025”, agregaron.

Para los legisladores federales demócratas, “durante los últimos 10 años, a los puertorriqueños se les ha prometido repetidamente una red eléctrica más confiable: primero, cuando se aprobó la ley PROMESA para intentar solucionar la deuda del archipiélago; luego, tras los huracanes María e Irma; después, tras una serie de terremotos; cuando se les aseguró que la privatización de la compañía eléctrica marcaría la diferencia; y finalmente, con los cambios de administración federal y territorial”.

Pero, ahora, sostienen que el DOE “intenta convencer a los puertorriqueños de que privar a las personas mayores de seguridad energética finalmente les brindará la red confiable que tanto tiempo llevan esperando”.

A mediados de mes, casi 200 organizaciones también instaron a las administraciones de Trump y Jenniffer González a restaurar los cientos de millones de dólares en fondos de energía solar.