Washington D.C. - El republicano Glenn Grothman (Wisconsin), quien pertenece a la mayoría del Comité de lo Jurídico de la Cámara de Representantes estadounidense, favoreció que el Congreso investigue las denuncias de que confinados fueron presionados para que votaran en favor de la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, en las elecciones de 2024.

“Espero que nuestro comité u otro comité lleve a cabo una investigación”, indicó Grothman a la publicación ProPublica, que reportó que la investigación de la fiscalía federal sobre esas actividades en las cárceles puertorriqueñas fue frenada después de la victoria de Donald Trump en noviembre de 2024 y quedó oficialmente descarrilada una vez regresó a la Casa Blanca en 2025.

Grothman –quien fue colega de González cuando era comisionada residente en Washington– afirmó que, aunque desconoce los detalles sobre las denuncias, no le sorprenden ante las sospechas de fraude electoral y “la moral actual”.

Tanto la gobernadora como su director de campaña, Francisco Domenech, actual secretario de la Gobernación, han negado conocer de las actividades que se denuncian y rechazado que hayan participado en algún acto ilegal.

El reportaje de este viernes de ProPublica recoge las peticiones de investigación que han sido hechas desde el martes por el comisionado residente en Washington y presidente del Partido Popular Democrático (PPD), Pablo José Hernández; la delegación del Partido Independentista Puertorriqueño; el portavoz del PPD en la Cámara de Representantes, Héctor Ferrer; y la coalición Power4PuertoRico.

Este viernes, mientras, también reaccionó el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC). “La democracia no puede sostenerse sobre la incertidumbre ni sobre la falta de transparencia. La confianza en los procesos electorales depende de la capacidad de las instituciones de investigar de manera independiente, completa y sin interferencias”, indicó la coordinadora general del MVC, Eva Prados.

El senador demócrata Sheldon Whitehouse (Rhode Island) también ha estado pendiente del asunto.

La fiscalía federal, según el pliego acusatorio del 12 de diciembre de 2024 en contra de 34 supuestos miembros y colaboradores de la organización criminal Grupo 31, afirmó, entonces, que existió un esquema de votos por drogas, aunque no presentaron cargos en torno a esas actividades.

“Los miembros del Grupo 31 recibieron instrucciones de la dirección del grupo sobre por cuales candidatos durante las elecciones. Los individuos que no votaban por los candidatos que eran respaldados por el Grupo de los 31 estaban sujetos a represalias, incluyendo retenerles las sustancias ilegales”, indica el pliego acusatorio presentado por la fiscalía federal de San Juan.

De acuerdo con el reportaje de ProPublica, los investigadores tenían pruebas sólidas contra reclusos y funcionarios del sistema correccional en torno a las denuncias sobre la compra de votos, y buscaban conocer si la gobernadora, aliada de Trump y presidenta del Partido Nuevo Progresista, o su equipo de campaña estaban implicados.

La ahora gobernadora obtuvo casi el 82% de los votos de los confinados.

Poco después que Trump tomó posesión, en enero de 2025, el fiscal Jorge Matos, quien encabezaba la investigación federal, fue instruido a no continuar con la pesquisa, según la publicación. Matos renunció al Departamento de Justicia de Estados Unidos el verano pasado.

“Rechazo toda alegación que se me pretenda imputar sobre actos contra la ley… En el proceso de campaña eleccionaria escuchamos a todos los sectores de la población para garantizar políticas públicas que atendieran las necesidades de todos los ciudadanos americanos en Puerto Rico y esto incluyó que mi equipo de campaña y esta servidora se reuniera con familiares de confinados preocupados por la rehabilitación y la reinserción a la sociedad”, indicó el martes la gobernadora, quien no ha dado entrevista a ProPublica.