Washington D.C. - La coalición Power4PuertoRico reclamó este miércoles audiencias del Congreso en torno a las denuncias de que la fiscalía federal frenó, tras la elección de Donald Trump, una investigación en torno a un esquema de compra de votos por droga en las cárceles de Puerto Rico, que –según ProPublica– buscaba beneficiar a la gobernadora Jenniffer González.

El asunto ha llamado la atención del senador demócrata Sheldon Whitehouse (Rhode Island) y el comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández, quien desde el martes dijo que estaba en conversaciones con demócratas del Congreso.

“Tulsi Gabbard fue a Puerto Rico a buscar irregularidades electorales contra Trump, y no encontró nada. Resulta que las irregularidades electorales favorecían a una aliada de Trump”, indicó Whitehouse, al mencionar también la incautación por parte de la Oficina del Directorado de Inteligencia Nacional (ODNI, en inglés) de máquinas electorales de Puerto Rico en medio de una investigación sobre supuestas vulnerabilidades del sistema de votación.

Además, el reportaje de ProPublica ha generado peticiones de investigación en la Legislatura de Puerto Rico de parte de la delegación del Partido Independentista Puertorriqueño y del portavoz del Partido Popular Democrático en la Cámara de Representantes, Héctor Ferrer.

En su comunicado, Power4PuertoRico afirmó que el Departamento de Justicia de Estados Unidos y González –quien ha negado conocer de algún acto ilegal o que su equipo de campaña estuviera vinculado a esas denuncias-– deben aún contestar preguntas.

La organización exigió audiencias en el Congreso “para revisar exhaustivamente lo sucedido, quiénes lo sabían y por qué no se llevó a cabo la investigación relacionada con las elecciones”. “El pueblo puertorriqueño merece la verdad”, agregó.

Power4PuertoRico sostuvo que se debe precisar por qué se decidió no presentar cargos en torno a información recopilada sobre actividades electorales del Grupo de los 31, cuando la fiscalía federal arrestó, en diciembre de 2024, a 34 supuestos miembros de la pandilla, imputados de introducir droga en las cárceles de Puerto Rico, mayormente por medio de drones.

Cuando se frenó la investigación, según ProPublica, los investigadores tenían pruebas sólidas contra reclusos y funcionarios del sistema correccional en torno a las denuncias sobre la compra de votos, y buscaban conocer si la gobernadora, aliada de Trump y presidenta del Partido Nuevo Progresista (PNP), o su equipo de campaña estaban implicados.

“¿Quién tomó esta decisión?”, cuestionó Power4PuertoRico, al indicar que debe conocerse quiénes pudieran estar involucrados, si hubo coacción contra confinados y si alguien vinculado a la campaña de González pudo beneficiarse de esas gestiones.

La gobernadora y su director de campaña de 2024, Francisco Domenech, actual secretario de la Gobernación, han negado tener conocimiento de la investigación federal y asegurado que su equipo no estuvo relacionado con nada de eso, ni ningún acto ilegal.

Para González, detrás del reportaje pueden estar “aquellos que quieren mancillar” su reputación, y acentuó que los cargos contra el Grupo de los 31 fueron presentados en diciembre de 2024, cuando el gobernador era Pedro Pierluisi, entonces presidente del PNP.

“Rechazo toda alegación que se me pretenda imputar sobre actos contra la ley... Esto es un intento de aquellos que quieren mancillar mi reputación y no lo conseguirán”, dijo la gobernadora, en declaraciones escritas.

Según González, la mejor evidencia de que su equipo no estaba vinculado al supuesto esquema “es que, durante la primaria electoral del 2024, la población correccional votó abrumadoramente en contra de esta servidora y a favor del exgobernador Pedro Pierluisi”. La publicación destaca que el PNP obtuvo el 83% de los votos de los confinados en noviembre de 2024, con González como candidata.

La fiscalía federal presentó cargos criminales, en diciembre de 2024, contra 34 personas vinculadas a la organización criminal Grupo 31 o el Grupo de los 31, también conocida como “Los Tiburones”, imputados de distribuir drogas a casi todas las cárceles de Puerto Rico con el uso mayormente de drones.

Cuando se llevaron a cabo los arrestos, el 17 de diciembre de 2024, el jefe de la fiscalía federal, Stephen Muldrow, sostuvo el objetivo del Grupo de los 31 “era establecer y promover la comunicación con el gobierno para buscar mejor oportunidad para los reos”.

Las denuncias de diciembre de 2024 incluyeron cargos por distribuir drogas –acciones que causaron, al menos, cuatro muertes–, lavado de dinero y posesión de armas de fuego. El esquema de votos por drogas, no por dinero, es descrito en las alegaciones presentadas por la fiscalía, pero no presentaron ningún cargo criminal sobre ese asunto.

“Los individuos que no votaban por los candidatos que eran respaldados por el Grupo de los 31 estaban sujetos a represalias, incluyendo retenerles las sustancias ilegales”, indica el pliego acusatorio.

Poco después que Trump tomó posesión, en enero de 2025, el fiscal Jorge Matos, quien encabezaba la investigación, fue instruido a no continuar con la pesquisa, de acuerdo con la publicación.