Washington D.C. - Donald Trump otorgó un perdón presidencial –pleno– a la exgobernadora Wanda Vázquez Garced, convicta por corrupción, quien le respaldó en las elecciones de 2020.

El portal oficial de la Oficina del Fiscal de Clemencia e Indulto del Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó copias de los tres indultos firmados por Trump el 15 de enero de 2026.

Junto a Vázquez Garced, fueron perdonados los coacusados del caso, el banquero venezolano Julio Herrera Velutini y el asesor financiero Mark Rossini, convictos, como la exgobernadora, por un esquema de corrupción, soborno y fraude, según la Casa Blanca.

Un portavoz de la exgobernadora dijo, por el momento, no tener comentarios, en espera de hablar con la defensa de Vázquez Garced, quien ha sido la primera persona en gobernar Puerto Rico en declararse culpable de corrupción.

“El señor Herrera Velutini está profundamente agradecido al presidente Donald J. Trump por concederle el indulto benévolo y espera poder seguir adelante con su vida y dedicar su tiempo a su familia y su carrera”, indicaron, por su parte, los abogados del banquero, Lilly Ann Sánchez y Christopher Kise, en declaraciones escritas.

Mira aquí las copias de los indultos firmados:

Miembros de la defensa legal de Rossini no respondieron mensajes de El Nuevo Día.

Los indultos se consiguen después de las exitosas gestiones, ante el Departamento de Justicia federal, de Kise, quien fue abogado de Trump, que tuvieron como consecuencia la reducción de las acusaciones a delitos menos graves.

Tienen, además, como trasfondo los informes de que la hija de Herrera Velutini, Isabela Herrera, ha donado $3.5 millones al comité de acción político de Trump, MAGA Inc., en los últimos 13 meses.

En el pasado, que se recuerde, solo en casos de nacionalistas e independentistas un presidente de Estados Unidos ha otorgado clemencias o conmutaciones de sentencia en casos de relieve político en Puerto Rico.

Por ejemplo, Jimmy Carter conmutó, en 1979, la sentencia a los nacionalistas Lolita Lebrón, Rafael Cancel Miranda, Irvin Flores y Oscar Collazo; dos años antes, por razones humanitarias, al también nacionalista Andrés Figueroa Cordero. Bill Clinton otorgó clemencia, en 1999, a una docena de miembros de las organizaciones Los Macheteros y Fuerzas Armadas de Liberación Nacional (FALN); y Barack Obama otorgó clemencia, en enero de 2017, al entonces prisionero político de las FALN, Oscar López Rivera.

Eso no descarta que haya habido conmutaciones de sentencia, sobre todo en las administraciones de Obama y Joe Biden, a boricuas convictos por drogas, como parte de las miles que se han dado en las últimas décadas.

Vázquez Garced, de 65 años, se había declarado culpable, en agosto de 2025, del delito menos grave de violación a leyes de campaña electoral por aceptar la promesa de recibir un donativo de entre $2,001 y $25,000 de un ciudadano extranjero, Herrera Velutini, según la acusación original, para sacar de su puesto al entonces jefe de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF), George Joyner, y que se nombrara a una persona de su confianza.

A cambio de la destitución de Joyner, la que se produjo, Herrera Velutini –expresidente del banco internacional Bancrédito– y Rossini, exagente del Negociado Federal de Investigaciones (FBI)– prometieron ayudar con la campaña de Vázquez Garced, de cara a las primarias del Partido Nuevo Progresista (PNP) de 2020, por medio de donaciones y una encuesta de opinión pública que habría costado $500,000.

Joyner reclamaba correcciones en las operaciones de Bancrédito, en medio de un examen de transacciones sospechosas. Vázquez Garced terminó perdiendo la candidatura del PNP a la gobernación ante Pedro Pierluisi, quien fue electo gobernador en 2020.

Vázquez Garced, Herrera Velutini y Rossini tenían programada su vista de sentencia para el 29 de enero, aunque los abogados del banquero solicitaron aplazarla. La Fiscalía federal recomendó una sentencia de un año en prisión para los tres convictos.

Pero, el pleno indulto otorgado a Vázquez Garced –adelantado por CBS News y que, según fuentes, fue otorgado el jueves– cancela todo el proceso judicial y, por ende, su sentencia, según el abogado criminalista y analista, Leo Aldridge.

“Si se le ha perdonado cualquier castigo, el tribunal no tendría jurisdicción. Sería totalmente académico… Es claro que no se le va a sentenciar, no va a ir presa ni a pagar multas”, explicó Aldridge, quien se preguntó qué hará ahora el Tribunal Supremo de Puerto Rico con la licencia profesional de una abogada que se declaró culpable de un delito menos grave de corrupción.

Vázquez Garced gobernó Puerto Rico entre agosto de 2019 y el 2 de enero de 2021, tras asumir el cargo por orden constitucional –por ser la secretaria del Departamento de Justicia y ante la ausencia de un secretario de Estado en propiedad– debido a la renuncia de Ricardo Rosselló Nevarez en medio de multitudinarias protestas y otro caso de corrupción.

Un funcionario de la Casa Blanca indicó que Trump tomó en consideración para los indultos que la investigación contra Vázquez Garced, supuestamente, comenzó 10 días después de que ella decidió respaldarle en 2020. “Nunca hubo ningún elemento de acuerdo ‘quid pro quo’ y su procesamiento tuvo motivaciones políticas”, indicó el funcionario.

Durante el primer año de su segundo término en la Casa Blanca, Trump ha tenido la costumbre de perdonar a sus aliados políticos –incluidos 1,600 que fueron acusados por el ataque al Congreso del 6 de enero de 2021– y lanzar investigaciones en contra de opositores políticos.

Los cargos contra la exgobernadora y los otros dos acusados fueron presentados en agosto de 2022.

Pero, tras largas negociaciones –y la intervención de abogados cercanos Trump–, los tres acusados hicieron alegación de culpa por el delito menos grave de violación a leyes de campaña electoral.

Kise, quien representa a Herrera Velutini, formó parte del equipo de defensa de Trump en el caso civil por fraude que enfrentó en Nueva York, relacionado con sus compañías, y en el caso criminal federal por haberse llevado a su casa documentos secretos del gobierno, que quedó a un lado tras la decisión del Tribunal Supremo estadounidense que concede alta inmunidad a los presidentes de Estados Unidos.

Como informó entonces el servicio de noticias Bloomberg Law, la conversación formal de los abogados de Vázquez Garced, Herrera Velutini y Rossini con Justicia federal que permitió suavizar los cargos criminales –celebrada el 29 de mayo de 2025– se llevó a cabo con funcionarios de la oficina del subsecretario Todd Blanche, con quien Kise defendió a Trump en el caso por manejo ilegal de documentos clasificados, cargos que primero fueron desestimados por la jueza Aileen Cannon.

Al menos un fiscal relacionado con el caso, Ryan R. Crosswell, renunció a su puesto después de que Justicia federal decidió disminuir los cargos en contra de los tres acusados.

Las conexiones del caso con la campaña de Trump se extienden a la hija de Herrera Velutini. En diciembre de 2024, la consultora financiera donó $2.5 millones al comité MAGA, Inc. Un mes antes de Vázquez Garced y sus coacusados declararse culpables, en julio de 2025, Herrera donó $1 millón adicionales.

Para el comisionado residente en Washington y presidente del Partido Popular Democrático (PPD), Pablo José Hernández, “el indulto a la exgobernadora debilita la integridad pública, lacera la confianza en la justicia y ofende a los que creemos en el gobierno honesto”. “La impunidad protege y promueve la corrupción”, añadió.

“El perdón otorgado por Donald Trump es una humillación más contra el pueblo de Puerto Rico”, indicó, por su parte, el secretario general del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau.

La gobernadora y presidenta del PNP, Jenniffer González, optó por no opinar. “No voy a adjudicar una acción cuando todavía no hay una sentencia. ¿Qué va a conmutar, si todavía no hay una sentencia?”, dijo.

Mientras, el congresista Ritchie Torres (Nueva York) indicó que indultar a Vázquez Garced “socava la rendición de cuentas y refuerza un preocupante doble rasero”. “Cuando se exime a figuras poderosas, se erosiona la confianza pública en el sistema judicial. La rendición de cuentas debe aplicarse a todos”, sostuvo.