Washington D.C. - El director ejecutivo de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), Robert F. Mujica, comenzó este miércoles reuniones en el Congreso relacionadas con el reclamo del congresista republicano Scott Fitzgerald (Wisconsin) para que el ente financiero rinda cuentas sobre sus gastos y el lento proceso de reestructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

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Las reuniones han incluido al comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández, quien indicó que también le trajo a Mujica la preocupación que existe sobre los gastos del ente, que controla –desde la aprobación de la ley Promesa hace nueve años– las decisiones financieras del gobierno electo de Puerto Rico.

El pasado 14 de mayo, Fitzgerald, presidente de la subcomisión de Estado Administrativo, Reforma Regulatoria y Antimonopolio del Comité de lo Jurídico de la Cámara de Representantes, salió en defensa de bonistas y solicitó una sesión informativa de la JSF con el personal de su oficina en torno al proceso de reestructuración de la deuda de la AEE.

Hernández indicó que su reunión con Mujica –y otros asesores de la JSF– tuvo lugar antes de la reunión este mismo miércoles con Fitzgerald. El congresista republicano había solicitado la sesión informativa para en o antes del 30 de mayo.

“Hay varios señalamientos en gastos excesivos de consultores y abogados, lo que siempre ha levantado cuestionamientos sobre los intereses para que la Junta se vaya. A esos abogados, siempre les ha sido provechoso la permanencia de la ley Promesa”, dijo el comisionado residente, en una breve entrevista con El Nuevo Día después de la reunión con Mujica.

La conversación también se centró sobre las preocupaciones que han surgido en torno al desequilibrio que causa en el proyecto de presupuesto presentado por la JSF y la gobernadora Jenniffer González el descuadre de $109 millones en los gastos de la Administración de Seguros de Salud, la inestabilidad de la red eléctrica y los reclamos de nuevas asignaciones para los municipios de Puerto Rico.

Hernández dijo que Mujica trajo, además, la inquietud sobre los recortes en asignaciones al Departamento de Educación de Puerto Rico, que puede haber perdido cerca de $300 millones en fondos federales.

En su carta de mediados de mayo, Fitzgerald criticó que la JSF haya “gastado más de $400 millones en consultores y abogados durante el proceso de bancarrota de la AEE, con pocos resultados”. Pese a que no ha habido solución a ese proceso, Fitzgerald sostuvo, en aquel momento, que el ente gasta más de un millón al mes en ese asunto.

Fitzgerald ha criticado –como bonistas del caso– que la AEE insista en que puede pagar $2,600 millones de su deuda, que asciende a $8,500 millones, porque debe dar prioridad a la reconstrucción de la red eléctrica, pero que ese proceso, pese a haber contado con cerca de $18,000 millones, tampoco avanza.

“La AEE ha malgastado cientos de millones de dólares en el enriquecimiento de consultores y abogados, mientras millones de puertorriqueños sufren apagones. La JSF debe pagar a los acreedores de la empresa de servicios públicos, según lo ordenado por el tribunal federal, para que pueda recuperar el acceso a los fondos necesarios para restablecer el suministro eléctrico confiable a la isla”, afirmó Fitzgerald.

La JSF, por medio de una portavoz, rechazó dar detalles de las reuniones –que este jueves incluirían a la congresista demócrata boricua Nydia Velázquez (Nueva York)–, e indicó que sus funcionarios se reúnen “de manera rutinaria con partes interesadas clave y miembros del Congreso para discutir diversos temas fiscales y económicos”.

En febrero, el Comité de Recursos Naturales –que, como el Comité de lo Jurídico, tiene jurisdicción sobre la ley Promesa y la JSF– aprobó incluir en su agenda la supervisión del funcionamiento de ese estatuto, firmado por el entonces presidente, Barack Obama, el 30 de junio de 2016.

Cuando el Comité de Recursos Naturales aprobó su agenda, la mayoría republicana rechazó una propuesta enmienda del comisionado residente que hubiese agregado a la supervisión de la JSF la posición del ente sobre la medición neta y su gestión “en el litigio de quiebra de la AEE”.

También rechazó, en aquel momento, otra propuesta enmienda de Velázquez para que el comité se comprometiera a supervisar e interpretar la sección 209 de la ley Promesa, que establece los criterios para la salida de la JSF; que el gobierno del territorio tenga acceso adecuado a los mercados financieros a corto y largo plazo a intereses razonables; y que en cuatro años fiscales el gobierno del territorio haya tenido presupuestos equilibrados, y elaborado presupuestos en conformidad con los estándares modificados de contabilidad de valores devengados.

Hernández sostuvo que, hasta el momento, el Comité de Recursos Naturales no ha decidido dedicarle una audiencia a examinar la implantación de la ley Promesa y el desempeño de la JSF. “No me quiero adelantar a posibles esfuerzos”, indicó.