Washington D.C. - Con el pleno perdón presidencial que le otorgó el presidente Donald Trump, la vista de sentencia en contra de la exgobernadora Wanda Vázquez Garced sería cancelada, según el abogado criminalista y analista Leo Aldridge.

“Se acaba el caso”, explicó este viernes Aldridge, ante la decisión de Trump de perdonar a Vázquez Garced, al banquero venezolano Julio Herrera Velutini y al consultor Mark Rossini, quienes se habían declarado culpables de violaciones a la ley electoral relacionadas con la campaña de 2020 de la exgobernadora.

Un funcionario de la Casa Blanca confirmó la decisión de Trump de perdonar a los tres convictos, que tenían programada la vista de sentencia para el 29 de enero.

Con un indulto completo, como el que se sostiene obtuvo Vázquez Garced, la exgobernadora quedaría como si nunca hubiese cometido el delito por el que se declaró culpable.

“Si se le ha perdonado cualquier castigo, el tribunal no tendría jurisdicción. Sería totalmente académico… Es claro que no se le va a sentenciar, no va a ir presa ni a pagar multas”, explicó Aldridge.

Se presume que, una vez oficializada la decisión de Trump –de perdonar a la primera persona gobernadora de Puerto Rico en declararse culpable por corrupción–, los abogados del caso, incluso la fiscalía, notificarán la acción al tribunal.

Pero, Aldridge levantó la interrogante de qué hará el Tribunal Supremo de Puerto Rico con respecto a la licencia profesional de abogada de Vázquez Garced, tras ser perdonada, pero haberse declarado culpable de un delito menos grave relacionado con corrupción gubernamental.

El perdón presidencial a Vázquez y los demás acusados del caso se otorgaría en momentos en que la Legislatura de Puerto Rico tramita dos medidas que persiguen, entre otras cosas, excluir del servicio de escoltas policiales a exgobernadores convictos de corrupción.

Al iniciar la sesión legislativa el lunes, el Senado y la Cámara de Representantes aprobaron los proyectos que tenían ante sí para eliminar las escoltas. Los representantes avalaron una versión enmendada del proyecto de la gobernadora Jenniffer González, y el Alto Cuerpo dio paso tanto a la medida de administración como a la presentada por el senador Juan Oscar Morales, cuyo alcance es mayor.

Aldridge tampoco prevé que el caso criminal pueda presentarse en tribunales de Puerto Rico, tras la decisión del caso Sánchez Valle que determinó que la soberanía del archipiélago puertorriqueño reside en el Congreso y que no se puede acusar a una persona dos veces bajo la misma soberanía.

Dijo, además, que es posible que los delitos prescribieron.

Vázquez Garced, de 65 años, se declaró culpable del delito menos grave de violación a leyes de campaña electoral por aceptar la promesa de recibir un donativo de entre $2,001 y $25,000 de un ciudadano extranjero, Herrera Velutini, quien fue acusado originalmente de querer sacar de su puesto al entonces jefe de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras, George Joyner, para que se nombrara a una persona de su confianza.

A cambio, Herrera Velutini, expresidente del banco internacional Bancrédito, y Rossini, exagente del Negociado Federal de Investigaciones, prometieron ayudar con la campaña de Vázquez Garced de 2020, por medio de donaciones y una encuesta de opinión pública.

Los cargos originales eran de soborno, fraude y conspiración.

Pero, la intervención de abogados de Herrera Velutini –encabezados por Christopher Kise, quien fue abogado de Trump y trabajó con el subsecretario de Justicia federal, Todd Blanche– logró reducir las acusaciones a delitos menos graves.