Washington D.C. - Amnistía Internacional divulgó este jueves un informe que detalla constantes violaciones a derechos humanos durante las operaciones de los agentes de inmigración de Estados Unidos bajo el gobierno de Donald Trump.

“Hay que abolir ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas)”, indicó la directora ejecutiva de Amnistía Internacional de Estados Unidos, Nadia Daar, al dar a conocer un informe que afirma que eliminar esa oficina debería dar paso a “un sistema de inmigración acorde con el derecho y las normas internacionales de los derechos humanos”.

El informe de la organización pro derechos humanos sostiene que el gobierno de Trump ha discriminado racialmente por medio de arrestos arbitrarios, hostigamiento, intimidación, uso ilegítimo de la fuerza –especialmente fuerza letal, que en algunos casos podría constituir ejecución extrajudicial–, la represión de protestas pacíficas, vigilancia ilícita, “condiciones de detención crueles, inhumanas y degradantes que podrían vulnerar la prohibición de la tortura” y detenciones ilegales que han mantenido a personas incomunicadas, incluso con “actos de desaparición forzada”.

“Este gobierno está implantando un sistema de detención y deportación masivas, impulsado por discursos falsos, xenófobos y racistas, así como por teorías de supremacía blanca, con el objetivo de detener y deportar de Estados Unidos al mayor número posible de personas racializadas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas”, agrega el informe.

La organización entrevistó a 154 personas y documentó incidentes en cuatro ciudades de Estados Unidos: Chicago (Illinois), Minneapolis-Saint Paul (Minnesota), Nueva Orleans (Luisiana) y Washington D.C.

Las entrevistas incluyeron comunidades latinoamericanas, como las guatemaltecas, hondureñas y mexicanas. También, se conocieron las experiencias de líderes de organizaciones y representantes de la sociedad civil con los operativos de ICE y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza.

“Nuestro informe documenta un escalofriante patrón de violaciones de derechos humanos en todo Estados Unidos con el fin de infundir miedo en las comunidades de personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas”, indicó Daar.

Por ejemplo, destacó un relato de Liish Kozlowski, representante estatal en Minnesota que tiene origen latino y de la tribu ojibwa y latina.

“Mi prima iba en su coche camino del trabajo con su esposo. El ICE llegó, buscando literalmente a personas negras y de piel oscura. Le rompieron la ventanilla a punta de pistola. La golpearon; estaba embarazada. Su esposo gritó: ‘¡es nativa americana, aquí está su tarjeta de identificación tribal!’. Un agente del ICE respondió que no le importaba y, utilizando una mala palabra, afirmó que ‘esta es nuestra tierra ahora’, según la legisladora.

De acuerdo con el informe, los agentes, en muchas ocasiones enmascarados y sin mostrar identificación, “parecían decidir a quiénes iban a parar, interrogar o detener en función de estas características y no se preocupaban por verificar la situación migratoria hasta que las personas ya estaban recluidas, y también solían hacer caso omiso de los intentos de las personas de demostrar su condición migratoria regular y las mantenían detenidas de todos modos”.

Como se ha visto en vídeos, las operaciones se centran en vecindarios y áreas comerciales que las agencias de inmigración vinculan con migrantes y personas de minoría, “como proyectos de construcción, restaurantes, estacionamientos de ferreterías y otras zonas en las que se reunían jornaleros y jornaleras”.

La ciudadanía estadounidense, en ocasiones, tampoco evitaba las detenciones o interrogatorios, como le ha ocurrido a puertorriqueños. Al mismo tiempo, personas que tienen un estatus migratorio irregular, como solicitantes de asilo y refugiados, han sido víctimas de los operativos discriminados de ICE y CBP, según Amnistía Internacional.

Amnistía Internacional exhortó al gobierno de Estados Unidos a llevar a cabo investigaciones rápidas, independientes e imparciales sobre todas las muertes de personas a manos de agentes de inmigración, incluidos tres ciudadanos estadounidenses: Silverio Villegas González, en Chicago; y Renee Good y Alex Pretti, en Minneapolis.

También, reclamó que se investiguen, entre otros, los tiroteos en contra del venezolano Julio César Sosa-Celis, en Minneapolis; y los ciudadanos estadounidenses Marimar Martínez, en Chicago; y Phillip Brown y Justin Bryant Nelson, en Washington D.C.

Las recomendaciones de Amnistía Internacional incluyen aprobar una reforma justa de las leyes de inmigración, poner fin a la detención masiva de migrantes, desistir de criminalizar la inmigración, garantizar que ninguna persona sea devuelta a un lugar donde su vida o su seguridad corra peligro y abstenerse de enviar a detenidos a países de lo que no son nacionales.

Además, la organización reclamó que se garantice que los centros de detención cumplan con las normas legales y de derechos humanos.

“Todas las asambleas legislativas estatales y federales deben promulgar leyes que autoricen el uso de medios letales por los funcionarios y funcionarias encargados de hacer cumplir la ley o modificar la legislación existente a fin de garantizar que este uso se ajusta al derecho y las normas internacionales, limitándolo a los casos en los que sea necesario y proporcionado para protegerse ante una amenaza inminente de muerte o de lesiones graves”, subraya el informe.