El congresista Frank Pallone aseguró que para septiembre buscará una solución al problema de Medicaid en Puerto Rico. (AP)
El congresista Frank Pallone es presidente del Comité de Energía y Comercio, a cargo de las asignaciones de Medicaid.

Washington D. C.– La administración de Pedro Pierluisi considera que el acuerdo bipartidista alcanzado en el Comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes federal para asignar cerca de $3,000 millones anuales a Puerto Rico bajo el programa Medicaid, durante cinco años, dará estabilidad al plan de salud Vital y toda la industria.

Aunque no se alcanzó la paridad que las autoridades electas de la Isla han promovido, y que el presidente Joe Biden y líderes demócratas del Congreso respaldaron, “estamos tratando de ser pragmáticos”, indicó ayer Carmen Feliciano, directora ejecutiva de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (Prfaa) y representante del gobernador Pierluisi.

A base de los detalles preliminares que se conocen del acuerdo bipartidista, que debe aprobarse en las próximas dos semanas en el Comité de Energía y Comercio de la Cámara baja, la asignación anual para el año fiscal federal 2021-2022 que empieza el 1 de octubre se mantendría básicamente en los $2,823 millones que recibe el gobierno de Puerto Rico este año fiscal federal 2020-2021, según Feliciano.

Para el 2021-2022, mientras, estaría más cerca de los $2,919 millones que el gobierno de Puerto Rico tuvo disponible en el año fiscal 2019-2020, aunque terminó devolviendo cientos de millones de dólares en medio de la pandemia del COVID-19.

Los $2,823 millones asignados para este año fiscal incluyen $200 millones que estaban sujetos a que Puerto Rico cumpliera con ciertos requisitos, como el que el 70% de los fondos fueran a manos de los proveedores de salud.

Pero, Feliciano sostuvo que habrá que esperar a ver el lenguaje final de la legislación que irá a votación en la subcomisión de Salud, tan pronto como el jueves, para conocer el monto final de las asignaciones anuales, que otras fuentes prevén que rondará los $3,000 millones.

De todos modos, para el gobierno de Puerto Rico puede representar que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) libere a partir de octubre cientos de millones de dólares del presupuesto puertorriqueño que estaban asignados al plan de salud – que beneficia a alrededor de 1.3 millones de personas-, que hubise tenido que cubrir el Ejecutivo con sus fondos.

Sin una nueva asignación, el plan de salud hubiese caído en un abismo fiscal. De los $2,800 millones vigentes para este año fiscal las asignaciones hubiesen descendido a los $392.5 millones que recibiría la Isla bajo la ley permanente, que limita al 55% la aportación federal por los servicios médicos asociados a ese programa.

“Esta partida de fondos Medicaid debe liberar $1,500 millones del fondo general. Con $400 millones se puede subir el salario de maestras, policías, bomberos, enfermeras, epidemiólogas, personal de Ciencias Forenses”, indicó el economista Heriberto Martínez Otero.

Cuando los republicanos parecían estar dispuestos a asignar fondos solo por cuatro años, el presidente ejecutivo de la Asociación de Hospitales, Jaime Plá, advirtió que sin eliminar el tope permanente en las asignaciones de Medicaid e incrementar la aportación federal por servicio del programa a 83%, no pudieran cantar victoria.

A los demás territorios, aunque también se les mantiene el tope permanente en las asignaciones, se le otorgará una asignación de ocho anos con una aportación federal de 83% por servicio de Medicaid.

Feliciano dijo que el gobernador Pierluisi planteó al presidente del Comité de Energía y Comercio, el demócrata Frank Pallone (Nueva Jersey), que no era justo se le diera a Puerto Rico un trato diferente al de los demás territorios, debido al costo de la propuesta para la Isla.

Según fuentes demócratas, Pallone encontró resistencia entre los republicanos a la idea de otorgar paridad a Puerto Rico y los demás territorios.

Debido a que el abismo fiscal en el sistema de salud de la isla ocurriría el 1 de octubre, los demócratas decidieron que necesitarían un acuerdo bipartidista para poder incluirlo en una resolución temporal de presupuesto que se tratará de aprobar en septiembre.

La otra opción que se habían planteado era promover la nueva asignación de fondos dentro de un potencial proyecto de reconciliación presupuestaria que incluiría el plan de “infraestructura humana” del presidente Biden, pero es incierto cuando se podrá tramitar esa legislación.

“Hay un deseo de ayudar a Puerto Rico. El problema que estábamos viendo es el ambiente político en Washington. Tiene que ser una pieza legislativa bipartidista. Me consta que los demócratas dieron la cara por Puerto Rico”, sostuvo Feliciano.

Tanto Feliciano como la comisionada residente en Washington, Jenniffer González – a quien el portavoz de la minoría del Partido Nuevo Progresista (PNP) en la Cámara baja de la Isla, Carlos “Johnny” Méndez, su cercano aliado, le atribuyó el logro del acuerdo bipartidista-, acentuaron que ahora el cabildeo pasa al Senado.

El viernes, los senadores demócratas Robert Menéndez (Nueva Jersey) y Richard Blumenthal (Connecticut), y los republicanos Marco Rubio y Rick Scott, ambos electos por Florida, enviaron una carta al presidente del Comité de Finanzas, el demócrata Ron Wyden (Oregón) y el republicano Mike Crapo (Wyoming), en favor de una solución a largo plazo para el financiamiento del programa Medicaid en Puerto Rico.

Líderes del PNP han aprovechado el debate para acentuar que si Puerto Rico fuera un estado de Estado Unidos tendría paridad en Medicaid. “No es justo que los ciudadanos estadounidenses sean discriminados”, dijo, por su parte, Feliciano.

El acuerdo representa el mayor período de estabilidad para el plan de salud del gobierno desde los $6,300 millones que fueron asignados a la Isla cuando se aprobaba la ley Obamacare, y que debieron de utilizarse entre 2011 y 2019.

Esos fondos, sin embargo, se hubiesen quedado cortos de no haber sido por la asignación de emergencia de $4,800 millones aprobada en 2018, para dos años, después de la catástrofe causada por el huracán María.

Los fondos vigentes fueron asignados en diciembre de 2019 como parte de un paquete de dos años que totalizó $5,742 millones. Originalmente, el plan era asignar cerca de $11,800 millones por cuatro años, pero el presidente Donald Trump dijo que no firmaría el proyecto de presupuesto del cual formaba parte si los fondos para la Isla no se reducían a un período de dos años.

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