La alcaldesa de Loíza, Julia Nazario Fuentes, renovó esta semana sus gestiones en el Congreso en favor de dos iniciativas fundamentales para su municipio: inversión para combatir la erosión costera; y la construcción de una vía que sirva de ruta de desalojo en momentos de emergencias, como en caso de un desastre natural.

Se trata de dos proyectos sobre los que ha cabildeado en los últimos años, tanto en Washington como en San Juan, pero sobre las cuales los gobiernos de Estados Unidos y Puerto Rico no actúan con la celeridad requerida.

“Hay que seguir tocando puertas”, dijo el martes Nazario Fuentes, en entrevista con El Nuevo Día, entre medio de reuniones con el comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández, los congresistas demócratas Nydia Velázquez y Adriano Espaillat, electos por Nueva York, y el asesor principal demócrata en temas territoriales en el Comité de Recursos Naturales, Brian Modeste.

Espaillat es el presidente del Caucus Hispano del Congreso.

Junto al presidente de la Legislatura municipal, Joel Osorio Chiclana, y la directora de Planificación de Loíza, Yeidi Mar Escobar del Valle, la alcaldesa también se entrevistó con la directora Legislativa para Sostenibilidad de la Liga de Ciudades de Estados Unidos, Carolyn Berndt.

La alcaldesa también entregó un “documento estratégico” en oficinas de congresistas republicanos.

Loíza –con unos 22,000 habitantes–, es el cuarto municipio con mayor erosión costera en Puerto Rico, un problema que impacta con fuerza a 14 comunidades, explicó la alcaldesa.

Aunque Nazario Fuentes sabe que presiona en momentos en que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la mayoría republicana buscan recortes masivos en el presupuesto y cancelan fondos en defensa del ambiente, entiende que, para lograr una solución a largo plazo sobre los temas que trajo a Washington, es clave no cesar de pedir acción.

“Sabemos que en Puerto Rico no está el dinero. Aquí (en Washington) es que podemos conseguir el dinero, de alguna forma”, señaló, por su parte, Osorio Chiclana.

Los líderes municipales coincidieron, sin embargo, en que los gobiernos recientes de Puerto Rico no han mostrado urgencia en invertir en proyectos que permitan mitigar las consecuencias del cambio climático.

El lunes, de hecho, la Cámara de Representantes de Puerto Rico aprobó una medida que extendería hasta diciembre de 2026 el período que tiene la Asamblea Legislativa para adoptar el “Plan de Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático”, presentado en abril del pasado año.

Los trabajos que se han hecho en la costa de Loíza –como uno reciente del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos–, permiten arreglar un área, pero complican zonas cercanas debido al movimiento natural de las corrientes.

“Tenemos 14 comunidades que están en peligro. Hay familias que habría que relocalizar. Esto hay que verlo como un todo…afecta la seguridad de comunidades, nuestras playas y el turismo”, dijo la alcaldesa, electa por el Partido Popular Democrático (PPD), y quien también estuvo acompañada en sus reuniones por el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá y el consultor Federico de Jesús Febles.

El llamado “Conector de Loíza”, que la alcaldesa quiere que sirva como ruta principal de desalojo en caso de una emergencia, uniría la zona de Medianía Baja directamente con la carretera número 3, en los alrededores de Villa Loíza, a un costo de $500 millones.

“Es una vía de escape. En caso de un tsunami, más de 14,000 loiceños quedarían atrapados, sin una ruta para escapar”, señaló Nazario Fuentes, quien además sostiene que esa vía ayudaría a impulsar el desarrollo económico de su ciudad.

El gobierno de Pedro Pierluisi dejó asignados $14 millones para el diseño y estudio de viabilidad de esa ruta, indicó la alcaldesa, al afirmar que “el Conector de Loíza ha sido uno de los reclamos más urgentes de las comunidades loiceñas”.