Washington D.C. - Tras decenas de reuniones y en medio de un “plenazo”, organizaciones y líderes de la diáspora, junto a dos alcaldes de Puerto Rico, se manifestaron este miércoles en los alrededores del Congreso para reclamar que se eliminen los beneficios de la antigua ley 22 puertorriqueña y abogar por la soberanía alimentaria de la isla.

Las reivindicaciones de varias de las entidades también incluyeron oponerse a los proyectos de plebiscito 3231 y 2757 pendientes en el Congreso y solicitar la salida de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) que controla las decisiones financieras del gobierno electo de Puerto Rico.

El evento –frente al edificio Longworth de la Cámara de Representantes– fue convocado por grupos como Power4PuertoRico, Puerto Rican Alliance (PAA), el Centro Cultural Puertorriqueño de Chicago, Agenda Nacional Puertorriqueña, Boricuas Unidos en la Diáspora, Vamos y la Mesa Boricua de Florida, entre otras.

Tanto la alcaldesa de Loíza, Julia Nazario, como el alcalde de Comerío, José A. “Josian” Santiago –ambos electos por el Partido Popular Democrático (PPD)–, se sumaron al evento para acentuar su oposición a la antigua ley 22 y exigir que el Congreso incentive la soberanía alimentaria de Puerto Rico. “Esos fueron nuestros dos temas”, dijo Nazario.

Los dos alcaldes populares han enviado cartas a los principales líderes del Congreso para solicitar que se enmiende la sección 933 del Código de Rentas Internas federal, para que solo los nacidos en Puerto Rico o de origen puertorriqueño estén excluidos, de cara al futuro, del pago de contribuciones federales sobre ingresos.

“Esta ley es explotada por estadounidenses ricos”, reclamó Nazario, en la carta enviada el lunes, en momentos en que el Servicio de Rentas Internas (IRS, en inglés) ha dicho que investiga a un centenar de beneficiarios de la antigua ley 22 que pueden haber reclamado ilegalmente los beneficios de ese estatuto.

La iniciativa no persigue afectar a los que han residido por años en Puerto Rico ni a los inmigrantes naturalizados, pues su fin es prospectivo, estableció Federico de Jesús, asesor sénior de Power4PuertoRico y el Centro Cultural Puertorriqueño de Chicago.

“A Loíza, han llegado tres grandes inversionistas que han comprado grandes terrenos y, cuando me reuní con ellos, planteo que esos proyectos –que son viviendas para ricos–, eventualmente, van a desplazar ciudadanos. Ellos tienen que hacer unos proyectos sociales, pero no se ponen de acuerdo con nosotros”, indicó Nazario.

La alcaldesa contó que un inversionista le expresó que iba a “hacer de Loíza un Singapur”.

“Loíza no necesita ser un Singapur, necesitamos trabajar para el bienestar de la gente. Loíza necesita un teatro, un supermercado, pero no están dispuestos a negociar con uno”, señaló la alcaldesa, quien también ha abogado en Washington, incluso durante una reunión con la congresista demócrata boricua Nydia Velázquez (Nueva York), por desarrollar una vía de desalojo ante emergencias.

La expresidenta del Concejo Municipal de Nueva York Melissa Mark Viverito –quien representa en las reuniones a Power4PuertoRico y el Centro Cultural Puertorriqueño de Chicago– informó que, entre este miércoles y jueves, unas 60 personas, de 15 estados y Puerto Rico, tendrían más de 20 reuniones en el Senado y la Cámara de Representantes.

“La justificación que hubo para esa ley (22, ahora 60) es que iba a generar desarrollo e inversión económica en la isla. Lo que hemos tenido es un trastoque en el valor de la propiedad y la vivienda, que le ha dado unos dolores de cabeza terribles a la gente que va buscando vivienda en Puerto Rico, para renta o adquisición”, expuso el alcalde Santiago.

Entre sus reuniones, Santiago se entrevistó con el senador republicano Jerry Moran (Kansas), a quien le habló de la antigua ley 22 y el status. Moran, según Santiago, reafirmó su rechazo a la estadidad para Puerto Rico.

El alcalde, quien ahora aspira a una candidatura al Senado por acumulación, le habló a Moran en español, pero llevó un traductor. “Le quise reafirmar que atesoramos la elación con Estados Unidos, pero tenemos nuestra identidad propia que queremos conservar”, manifestó a El Nuevo Día.

Las reuniones incluyeron también al líder adjunto de la mayoría demócrata del Senado, Richard Durbin (Illinois), a los congresistas demócratas Maxwell Frost (Florida), Jesús “Chuy” García (Illinois), Delia Ramírez (Illinois) y Dwight Evans (Pensilvania), y el congresista republicano Troy Nehls (Texas).

En un comunicado, Durbin reconoció las denuncias en torno a que la ley 22 ha provocado un desplazamieneto de los naturales de Puerto Rico y creado un paraíso fiscal.

“Es de nuestro interés asegurar que Puerto Rico tenga los recursos que necesita para prosperar. Durante la reunión de hoy, discutimos la importancia de invertir en los agricultores familiares en Puerto Rico y ampliar la asistencia nutricional para garantizar que los puertorriqueños reciban los alimentos y los recursos que necesitan”, señaló el senador Durbin.

Miembros del grupo también se entrevistaron con asesores del líder de la minoría republicana del Senado, Mitch McConnell (Kentucky), y los líderes de la minoría en el Comité de Finanzas del Senado, Mike Crapo (Idaho), y el Comité de Agricultura, John Boozman (Arkansas), entre otros.

Los Concejos Municipales de Chicago (Illinois) y San Luis (Misuri) han aprobado resoluciones en favor de la abolición de la antigua ley 22. Mientras, más de una docena de congresistas han respaldado esos esfuerzos.

Entre los líderes de la diáspora que participan de las reuniones están la representante estatal de Florida Johanna López y la concejal municipal de San Luis, Daniela Velázquez, quien impulsó la resolución sobre la ley 22 en su ciudad.

La antigua Ley 22 ofrece una exención total de los impuestos del gobierno puertorriqueño sobre ciertos ingresos pasivos de personas que no vivieron en Puerto Rico entre 1997 y 2012, y que deciden mudarse a la isla, al menos, 183 días al año. La Ley 20 ofrece incentivos contributivos a personas que exportan servicios.

Con el apoyo de 13 alcaldes de Puerto Rico, la congresista Ramírez y el Colegio de Ciencias Agrícolas de la Universidad de Puerto Rico, entre otros, el Centro Cultural Puertorriqueño de Chicago ha desarrollado también una campaña en favor de que, al reautorizar este año la ley agrícola, se utilicen programas de agricultura para establecer una iniciativa en favor de la soberanía alimentaria de la isla.

El lunes, por otro lado, cerca de 50 organizaciones de Puerto Rico y la diáspora, lideradas por el Centro para la Democracia Popular, enviaron una carta al Congreso, en la que exhortan a los legisladores federales a cumplir “con su responsabilidad de garantizar una supervisión federal adecuada de las personas que reclaman beneficios tributarios” bajo la ley 60 de Puerto Rico.