Negociadores del Senado estadounidense están cerca de un acuerdo que permita volver a pagar el salario de los trabajadores de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) e implantar por ley algunas reformas al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés).

Republicanos y demócratas expresaron esperanza el lunes en la noche de que se pueda finalizar esta semana legislación que pueda tener el voto de al menos 60 de los 100 senadores y terminar con el cierre parcial del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

La presidenta del Comité de Asignaciones del Senado, la republicana Susan Collins (Maine), se mostró optimista de que habrá un acuerdo “para finales de esta semana”.

Ante las largas filas en los aeropuertos - incluido el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín de Puerto Rico-, debido a las ausencias y renuncias de empleados de TSA que no han cobrado este mes, y la proximidad de la Semana Santa, que incrementa el tránsito por los aeropuertos, un grupo de miembros de la mayoría republicana y la minoría del Senado han acelerado las conversaciones para reabrir totalmente DHS.

Esta semana, el presidente Donald Trump movilizó agentes de ICE a los aeropuertos.

Las dos cámaras del Congreso tienen previsto recesar sus sesiones por dos semanas a partir del viernes.

Desde el 13 de febrero, oficinas como TSA, la Guardia Costera y la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) han estado en medio de un cierre parcial, debido a la falta de presupuesto. Muchos de sus empleados han seguido trabajando, pero sin cobrar sus salarios.

En el caso de TSA, la falta de fondos se agudizó este mes.

Pese al cierre parcial, ICE y otras agencias de inmigración tienen fondos suficientes debido la asignación en el verano de 2025 de decenas de miles de millones de dólares a través de una ley de reconciliación fiscal.

Aunque Trump frenó el domingo la posibilidad de un acuerdo, ahora hay esperanza de que lo acepte ante la decisión del liderato republicano del Congreso de tratar de incluir en un segundo proyecto de reconciliación fiscal partes de la legislación que persigue exigir prueba de ciudadanía estadounidense para registrarse y votar en elecciones federales.

Trump ha hecho de esa medida, conocida como SAVE Act, su gran prioridad. Por eso había rechazado un acuerdo con los demócratas sobre DHS previo a aprobar la medida que requeriría prueba de ciudadanía estadounidense para votar en elecciones federales.

Alrededor de un 45% de los ciudadanos estadounidenses no han hecho los trámites para tener al día su pasaporte. Por tal razón, los demócratas ven en el SAVE Act un esfuerzo de los republicanos por suprimir el voto, particularmente de las personas más pobres y de más edad.