Washington D.C. - El comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández, y 27 congresistas demócratas enviaron este jueves una carta a la gobernadora Jenniffer González para expresar su “seria preocupación” con la decisión de su administración de compartir voluntariamente con las autoridades de inmigración información de personas con estatus migratorio indefinido que tienen licencias de conducir provisionales.

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“Respetuosamente discrepamos de su interpretación de la ley federal y creemos que tergiversa las obligaciones legales de los gobiernos locales. La ley federal de inmigración no exige que Puerto Rico, ni ningún estado o territorio, comparta voluntariamente datos personales del (Departamento de Transportación y Obras Públicas, DTOP) u otros datos con las autoridades migratorias. Por el contrario, el poder ejecutivo no puede obligar a las jurisdicciones a llevar a cabo acciones de control migratorio”, indicaron los legisladores.

Al dar a conocer la carta a la gobernadora, quien está afiliada a los republicanos en Estados Unidos y se considera una aliada del presidente Donald Trump, Hernández mantuvo que los tribunales –incluido un caso en que se impugna la amenaza del secretario de Transportación federal, Sean Duffy, de quitar fondos de transporte– “han determinado que no se puede coaccionar a los gobiernos locales a cooperar en estos casos”.

“El gobierno de Puerto Rico no solo se equivoca jurídicamente, sino que también pone en riesgo la confianza y seguridad de nuestras comunidades inmigrantes”, subrayó Hernández, quien hace caucus con los demócratas de la Cámara de Representantes y es presidente del Partido Popular Democrático.

La carta está suscrita, entre otros, por el presidente del Caucus Hispano del Congreso, Adriano Espaillat (Nueva York), y las congresistas boricuas Nydia Velázquez (Nueva York), Alexandria Ocasio Cortez (Nueva York) y Nellie Pou (Nueva Jersey).

Los otros dos boricuas, Darren Soto (Florida) y Ritchie Torres (Nueva York), no están entre los firmantes. Soto dijo que le dieron poco tiempo para evaluarla y Torres que no la tuvo en su “radar”.

Entre los firmantes, hay también líderes de la minoría en comités de la Cámara baja, como Bennie Thompson (Misisipi), Seguridad Interna; Robert García (California), Investigaciones; y Velázquez, Pequeñas Empresas. Alrededor de la mitad de los que cuestionan la acción de la gobernadora son miembros del Caucus Hispano del Congreso.

“Los estados y gobiernos locales de todo el país, en ejercicio de su autonomía, se han resistido a los esfuerzos ilegales de la administración para condicionar los fondos federales a la cooperación local con las autoridades de inmigración. Los tribunales han declarado repetidamente inconstitucionales estos esfuerzos”, indicaron los legisladores en su misiva.

Insistieron en que “el gobierno de Puerto Rico debe proteger la información confidencial que los inmigrantes le han proporcionado, a menos que una orden judicial firme lo disponga” y que no debe “divulgarse voluntariamente, especialmente para perjudicar a los residentes y contradecir las leyes que, como servidores públicos, juramos proteger”.

“Con el debido respeto a su autoridad como gobernadora, le instamos a reconsiderar la decisión del DTOP y otras agencias de compartir voluntariamente datos de inmigrantes con (la Oficina de Investigaciones del Departamento de Seguridad Interna). También, le animamos a seguir el ejemplo de otras jurisdicciones que se han resistido legalmente a la extralimitación indebida del gobierno federal”, añadieron.

Tras las críticas que ha recibido, el gobierno de González ha dicho que, en adelante, se requerirá una orden judicial para que agencias gubernamentales entreguen información a las autoridades de inmigración.

A principios de junio, Hernández ofreció un mensaje en el hemiciclo de la Cámara de Representantes en el que acusó a González de dar “golpes de traición” a la comunidad inmigrante en Puerto Rico.