Washington D.C. - Gretchen Sierra Zorita, exdirectora para Puerto Rico y los Territorios de la Oficina de Asuntos Intergubernamentales de la Casa Blanca, expresó este martes preocupación por la pérdida de conocimiento y experiencia que representa la destitución del coordinador alterno para la reconstrucción de Puerto Rico en la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés), Andrés García Martinó.

“Me apena y desconcierta la salida abrupta e inesperada de Andrés García Martinó, un excelente servidor público y eslabón crítico en FEMA durante los últimos ocho años. Desconozco la razón de su despido, y me preocupa la consecuente pérdida de conocimiento y experiencia dentro de la agencia federal”, indicó Sierra Zorita, puertorriqueña, en declaraciones a El Nuevo Día.

En momentos en que cientos de iniciativas vinculadas al proceso de reconstrucción, valorados en $2,000 millones, aguardan por la aprobación de la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés), Kristi Noem, Sierra Zorita afirmó que espera “que esta destitución no retrase la ejecución de esos proyectos ni ponga en riesgo los fondos críticos para la recuperación de Puerto Rico”.

Los temas de Puerto Rico en la Casa Blanca son coordinados por la Oficina de Asuntos Intergubernamentales, que durante la presidencia de Joe Biden creó oficialmente el puesto con el título de Sierra Zorita.

Como parte de sus reuniones del pasado viernes en Washington D.C., a donde viajó con ocasión del encuentro de invierno de la Asociación de Gobernadores, la gobernadora Jenniffer González llevó la queja de que había cientos de proyectos pendientes de autorización de parte de la oficina de FEMA en Puerto Rico.

Sobre la mesa en la reunión, había documentos titulados “proyectos pendientes”, según una fotografía publicada en redes sociales.

Poco después de ese encuentro, comenzaron a circular informes de que Noem había ordenado la inmediata destitución de García Martinó, quien fue administrador del Municipio de San Juan durante parte del término de Carmen Yulín Cruz como alcaldesa.

Tras la renuncia de José Baquero como coordinador en propiedad para la reconstrucción de Puerto Rico, García Martinó había quedado a cargo de la oficina del archipiélago. Su destitución fue fulminante, algo poco usual en esa oficina, según fuentes.

“Reconozco que el momento en el que se da, justo después de que la gobernadora se reúne con Noem, como mínimo, amerita que se le pregunte a la gobernadora si ella pidió la destitución de este funcionario y qué razones le dio”, indicó, por su parte, el comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández, quien hace caucus con los demócratas de la Cámara de Representantes.

Hernández considera que, en gran medida, el retraso de la aprobación de proyectos de FEMA en la administración de Donald Trump puede deberse a la directiva que Noem emitió de revisar todo proyecto que cueste, al menos, $100,000, lo que significa examinar un altísimo volumen de iniciativas.

“Gran parte del retraso en el desembolso de los fondos obligados de FEMA se debe, primero, a la política recién implantada de la Secretaría de ‘Homeland Security’, de requerir que cada asignación de fondos de más de $100,000 pase por su escritorio para su aprobación”, sostuvo Hernández, quien, en una audiencia del Comité de Seguridad Interna de la Cámara baja, describió, momentos antes, como “estúpida” esa norma del DHS.

Por su parte, la congresista demócrata puertorriqueña Nydia Velázquez (Nueva York) “tiene serias preocupaciones sobre el estado de estos proyectos y los miles de millones de dólares en fondos asociados”, indicó el portavoz de su oficina, Michael McGinnis.

Añadió que Velázquez “ha planteado estas inquietudes a FEMA y al Comité de Seguridad Interna”, y que su oficina busca “recopilar más información de las agencias pertinentes”.

Respecto al despido de García Martinó, durante el fin de semana, la oficina de Washington D.C. de FEMA indicó a El Nuevo Día que no comenta sobre asuntos de personal.

Mientras, la directora ejecutiva de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico, Gabriella Boffelli, dijo el lunes que las “decisiones sobre personal de DHS o FEMA corresponden a dicha agencia, ni el gobierno de Puerto Rico ni la gobernadora tienen injerencia sobre las mismas”.

La gobernadora es republicana y aliada del gobierno de Trump.