Washington D.C. - Tan pronto como esta semana, la Cámara de Representantes de Estados Unidos va camino a un debate en torno a si debe expulsar hasta a cuatro de sus miembros, tras las recientes denuncias de violación y agresión sexual en contra del congresista demócrata Eric Swalwell (California).

Las denuncias en contra de Swalwell, además, de acabar con su candidatura a la gobernación de California, han recordado la inercia de la jefatura republicana en el caso de su colega Tony Gonzales (Texas), quien tuvo relaciones extramaritales con una ayudante que luego se suicidió y está bajo investigación del Comité de Ética de la Cámara de Representantes.

Hay otros dos casos, sin embargo, que están también pendientes en los comités de Ética de la Cámara de Representantes: uno contra el republicano Cory Mills (Florida), por denuncias relacionadas a sus finanzas electorales, y violencia de género; y otra contra la demócrata Sheila Cherfilus McCormick (Florida), imputada de utilizar para su campaña fondos federales de la pandemia del COVID-19 otorgados a una empresa familiar de cuidado médico.

Una exempleada de Swalwell indicó que en dos ocasiones, 2019 y 2024, el representante la violó.

Luego, otras tres mujeres alegaron conducta sexual indebida de parte del legislador federal, que ha tenido donantes de Puerto Rico, incluso para su candidatura a gobernador de California.

Distinto a los otros casos, por las denuncias ser recientes, el caso de Swalwell no ha sido examinado en el Comité de Ética.

Al anunciar su retiro de la contienda por la gobernación, pero no de la Cámara de Representantes, Swalwell pareció aceptar que ha tenido relaciones extramaritales indebidas, pero no las denuncias de violación y agresión sexual.

“A mi familia, personal, amigos y simpatizantes, les pido disculpas por los errores de juicio que he cometido en el pasado. Lucharé contra las graves y falsas acusaciones que se han formulado, pero esa es mi lucha, no la de una campaña”, indicó Swalwell el domingo en la noche en la red social X.

La congresista republicana Anna Paulina Luna (Florida) indicó que impulsará esta semana una resolución para destituir tanto a Swalwell como a Gonzales, quien renunció a su candidatura a la reelección pero ha seguido en su puesto en momentos en que la mayoría del Grand Old Party (GOP) es mínima en la Cámara de Representantes, 218-214, con un independiente que hace caucus con los republicanos.

La resolución tendrá apoyo bipartidista, en momentos en que medio centenar de exempleados de Swalwell reclaman su dimisión.

“Tanto el representante Tony Gonzales como Eric Swalwell creían que era aceptable abusar sexualmente del personal y aun así postularse para cargos públicos y ejercerlos. Claramente, no esperaban que hubiera consecuencias por sus actos”, señaló la congresista demócrata Teresa Leger Fernández (Nuevo México).

La también demócrata Pramila Jayapal (Washington) dijo el domingo que promover la destitución de ambos legisladores “no es un asunto partidista”, sino un mensaje no solo en contra del comportamiento de congresistas sino en favor de sus empleados.

“El Congreso debe regirse por los más altos estándares éticos, independientemente del partido. Los líderes y miembros de ambos partidos deben tener claridad moral y reconocer que hay cosas más importantes que los márgenes de votos y la lealtad partidista”, dijo el congresista republicano Mike Lawler (Nueva York) en la red X.

Previamente, el speaker republicano Mike Johnson (Luisiana), como presidente cameral, evitó echar hacia delante la expulsión de Gonzales.

Hakeem Jeffries, líder de la minoría cameral y electo por Nueva York, abogó junto a la jefatura de su caucus que Swalwell se retirara de la campaña a la gobernación y una investigación rápida, sin pedir su salida inmediata del Congreso.

“Esto es inaceptable para cualquier persona, y menos aún para un funcionario electo, y debe tomarse muy en serio”, afirmaron los líderes demócratas de la Cámara de Representantes.

En sus 237 años de historia, la Cámara de Representantes solo ha destituido a seis congresistas. El caso más reciente fue el del republicano George Santos (Nueva York), convicto por corrupción y cuya sentencia fue conmutada por el presidente Donald Trump.