Desde 2020, el Baloncesto Superior Nacional (BSN) cuenta con un Protocolo para el Manejo de Casos y Denuncias sobre Violencia Doméstica y de Género.

La medida fue introducida por el presidente Ricardo Dalmau a raíz del alegado caso de violencia doméstica que involucró al armador Walter Hodge Jr. en 2017.

Para ese entonces no existía el documento disciplinario.

Seis años después de su implementación, el protocolo se activó por primera vez en junio pasado, a raíz de una nueva acusación contra el propio Hodge Jr., armador de los Cangrejeros de Santurce.

El mismo día que el juez Carlos Capó Hernández, del Tribunal de Caguas, encontró causa para arresto contra Hodge Jr., el BSN emitió un comunicado informando que activaba el protocolo y que “se ha determinado la separación provisional del jugador de toda actividad oficial del BSN mientras se atiende este asunto”.

Tres meses después, la liga volvió a activarlo ante los cargos al amparo de la Ley 54 presentados contra José Manuel Baeza, apoderado de los Capitanes de Arecibo, quien volverá al Tribunal de San Juan el próximo 14 de octubre.

El empresario, de 34 años, está acusado de alegadamente agredir física y de forma verbal a la víctima durante un incidente de violencia doméstica ocurrido el 22 de septiembre, según el informe de la Policía de Puerto Rico.

De inmediato, el BSN anunció que también activaba el protocolo, pero sin hacer mención de separar o suspender a Baeza.

Y a poco más de dos semanas del incidente, un comité del BSN aún aguarda por una información del caso de Baeza para rendir un informe ante Dalmau con recomendaciones.

Al momento, en efecto, Baeza no está suspendido por el organismo.

Dalmau, por su lado, no ha estado disponible para hablar de este caso.

Baeza ha estado ausente de las últimas reuniones de la junta de directores del BSN, en las que ha sido representado por el gerente de los Capitanes, Gabriel Miranda.

El Nuevo Día obtuvo copia del protocolo, un documento de tres páginas y 12 artículos, tomando como referencia criterios de la política sobre violencia doméstica de las Grandes Ligas, implementada en 2015.

“El protocolo se aplicará a toda persona que de alguna manera u otra participe, sea miembro, empleado o contratista del BSN. Esto incluye, sin limitarse, a los deportistas y todo tipo de profesional que forme parte de cualquier franquicia, así como toda persona que participe o forme parte del BSN”, establece la sección III de los objetivos y ámbito de ampliación.

También indica que ningún equipo podrá “disciplinar a un jugador por una violación de la política aquí establecida a menos que el Presidente del BSN le otorgue por escrito la autoridad para disciplinar”.

En el caso de Hodge Jr., la organización de los Cangrejeros determinó separarlo del equipo tras la acusación y luego el BSN confirmó una suspensión indefinida.

Por lo estipulado en el protocolo, Santurce tenía primero que recibir el visto bueno de Dalmau para separar a Hodge Jr. de todas las actividades de la franquicia.

El documento establece que el presidente liguero, quien posee la autoridad para disciplinar por “justa causa” a cualquier componente del organismo que cometa un acto de violencia doméstica o de género, es el encargado de activar el protocolo cuando recibe información sobre una “alegación, queja o denuncia”.

Una vez activado, el BSN designa un panel encargado de investigar los hechos y rendir un informe al presidente, independientemente de que exista un proceso judicial en curso.

El presidente tiene la facultad de suspender sumariamente a la persona investigada por un periodo que no exceda los 10 días, mientras el comité investigará la querella o acusación y le “notificará por escrito a la persona bajo investigación sobre el proceso que se ha iniciado en su contra por existir indicios de violación a la política establecida en el Protocolo”.

Luego, el comité “deberá celebrar la vista administrativa para dilucdir el alcance de la queja o querella que radica en contra de la persona investigada dentro del plazo de suspensión sumaria que emita el Presidente del BSN”.

En el caso de Hodge Jr., tras su suspensión indefinida de parte del BSN, su abogado Eduardo Ortiz Declet le solicitó a la liga que se relevara a su cliente de la responsabilidad de tener que comparecer a una vista administrativa, cuando todavía enfrentaba un proceso legal que no estaba resuelto.

Así que Hodge Jr. continuó suspendido de la liga hasta que la vista en alzada para atender la acusación en su contra de violencia doméstica, fue desestimada y el juez Daniel López González, del Tribunal de Caguas, encontró no causa para juicio.

Fue entonces cuando el BSN levantó la suspensión y Hodge Jr. regresó a cancha con los Cangrejeros.

En el caso de Baeza, el BSN solo ha expresado públicamente que activó el protocolo, al tiempo que Homero González, uno de los miembros del comité, indicó que el panel solicitó una información al apoderado y al equipo de los Capitanes para rendir un informe final ante Dalmau.

Este panel continúa a la espera de dicha información, confirmó el viernes González a El Nuevo Día.

Una vez, el presidente reciba el informe podrá “optar por disciplinar al investigado inmediatamente; reservar su decisión hasta después de la resolución de los cargos penales; o bajo ciertas circunstancias, podrá suspenderlo hasta que se completen los procedimientos legales ante las autoridades pertinentes”.