A cuatro días para la función 31 de la residencia “No me quiero ir de aquí” que Bad Bunny ofrece en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, sucedió lo inesperado.

Román Carrasco Delgado, de 84 años, se identificó hoy como el dueño del hogar que el artista urbano utilizó en vídeos para su producción “DeBÍ TiRAR MáS FOToS” y entabló una demanda contra el cantante y varias corporaciones al entender que la propiedad ha sido explotada comercialmente sin una justa compensación y sin un contrato válido.

La ayuda para Benito Antonio Martínez Ocasio, sin embargo, no tardó en llegar. Héctor PR, creador de la iniciativa “78 pueblos y 1 bandera” publicó esta noche una carta abierta en su cuenta de Instagram para la estrella de la música.

“Benito, antes que todo, gracias por todo lo que haces por nuestro país y lo que nos inspiras, también lamento la situación legal con la casita, y justo por eso se me ocurrió una idea: vamos a transformarla para que no sea la misma. Nada más imagínatela, completamente pintada con el arte de la bandera de Puerto Rico a vuelta redonda”, comenzó.

El pintor aseguró que “no hace falta mucha gente” para lograr el cambio. Además, le sugirió al cantante que ponga a sus invitados a trabajar. “Por lo que he visto solo están para lucir”, comentó.

Héctor Collazo Hernández, nombre de pila del creativo, continuó: “Yo me encargo de organizarlos y pintarla. Te aseguro que en tres horas la tendremos lista. Ahí dejo un ejemplo de cómo quedaría. Tú solo dime que estamos ‘ready’ con brocha y rolo”.

Según la demanda radicada en el Tribunal de San Juan, de la que El Nuevo Dia obtuvo copia, Carrasco Delgado sostuvo que en noviembre de 2024 fue contactado por una representante de los codemandados -que incluye a las compañías Rimas Entertainment, Move Concerts y A1 Productions- para utilizar su residencia como escenario de la filmación del cortometraje titulado “Debí Tirar Más Fotos”.

Sin embargo, el demandante aseguró que nunca se le explicó el alcance del proyecto y que su firma fue obtenida en la pantalla de un celular y trasladada de forma fraudulenta a contratos que él no pudo leer, dado que no sabe leer ni escribir.

En síntesis, sostuvo que un empleado o representante de los codemandados solicitó su anuencia para utilizar la propiedad como escenario principal para el cortometraje, pero “no le explicó los detalles (...) tampoco le presentó una propuesta formal o informal al respecto. Sin embargo, accedió, aunque no tenía conocimiento detallado de la forma y manera que se utilizaría La Casita”.

Ahora, el residente de Humacao reclama $5 millones por enriquecimiento injusto y $1 millón adicional por daños y angustias mentales, al alegar que su tranquilidad fue alterada al convertirse su hogar, a su vez, en atractivo turístico que es presuntamente visitado a diario por una “gran cantidad de personas que se detienen frente o penetran al perímetro”.