Nuevo proyecto de ley bipartita busca evitar que los establecimientos en Puerto Rico cobren las tarifas por procesamiento de pagos electrónicos calculadas con los impuestos federales, estatales o municipales.

Se trata del Proyecto de la Cámara (PC) 1216, de la autoría de Carlos ‘Johnny’ Méndez, presidente de la Cámara de Representantes, y Héctor Ferrer, portavoz del Partido Popular Democrático, el cual busca prohibir el cobro de tarifas adicionales por el uso de tarjetas de crédito y débito en determinadas transacciones comerciales dentro de la jurisdicción puertorriqueña.

Las tarifas de intercambio son comisiones que instituciones financieras, bancos emisores, bancos adquirentes, redes de tarjetas y procesadores de pago imponen a los comerciantes por la autorización, compensación y liquidación de transacciones electrónicas.

De acuerdo con los autores de la medida, estas tarifas suelen fluctuar entre 1% y 3% del valor total de la transacción -pueden alcanzar porcentajes mayores en tarjetas de recompensa- y, al momento, se calculan sobre la totalidad del monto cobrado al consumidor.

La tarifa no solo considera el costo del bien o servicio, sino también el Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU) y otros impuestos federales, estatales o municipales aplicables, por lo que el proyecto pretende que se excluyan los impuestos del cálculo.

“Ello implica que el comerciante paga una comisión porcentual sobre fondos que no constituyen ingreso propio, sino cantidades que está legalmente obligado a recaudar y remitir al gobierno”, dijo Méndez.

“Desde el punto de vista jurídico y económico, el comerciante actúa como agente retenedor del Estado en la captación del IVU. No obtiene ganancia ni beneficio económico alguno sobre esa partida. Sin embargo, bajo el modelo actual, las tarifas de intercambio se aplican también sobre ese componente contributivo, utilizando una base de cálculo que incluye partidas que no constituyen ingreso del comercio”, expresó el presidente cameral.

Un informe de la multinacional Mastercard, publicado este mes, destaca que en Puerto Rico la penetración de pagos sin contacto (contactless, en inglés) alcanza el 74%, lo que indicaría una alta adopción de transacciones con tarjeta y métodos digitales. Mientras que aproximadamente el 35% de las transacciones se hacen en efectivo.

El PC 1216 propone, entre otras cosas, que ninguna institución financiera, procesador de pagos, red de tarjetas de crédito y débito, bancos adquirentes, bancos emisores, proveedores de servicios comerciales o cualquier otra entidad que facilite, autorice, procese o liquide transacciones con tarjetas de crédito y débito, pueda recibir o cobrarle a un comerciante alguna tarifa adicional al consumidor o comerciante por transacción.

Esta medida replica cambios en el modelo de cálculo de las tarifas de intercambio que han implementado otras jurisdicciones estadounidenses, según el legislador.

En 2024, el estado de Illinois aprobó el “Interchange Fee Prohibition Act”, convirtiéndose en la primera jurisdicción en prohibir que se cobren tarifas de intercambio sobre la porción correspondiente a impuestos en las transacciones electrónicas.

“Esta medida delimita la base de cálculo respecto a una partida contributiva específica. Específicamente, se limita a establecer, como norma de política pública en Puerto Rico, que las tarifas por procesamiento de pagos electrónicos no podrán calcularse sobre la porción correspondiente a impuestos federales, estatales o municipales en transacciones realizadas dentro de la jurisdicción territorial de Puerto Rico, siempre que el comerciante transmita electrónicamente dicha información conforme a los mecanismos tecnológicos disponibles”, agregó el líder legislativo.

En concreto, el PC 1216 enmendaría la Ley 150-2008, según enmendada, “Ley para Prohibir la Imposición de un Cargo Adicional por Utilizar una Tarjeta de Crédito o Débito en las Transacciones de Venta”, y la Ley 42-2015, según enmendada, “Ley para que Toda Persona Natural o Jurídica que Preste Servicios Provea al Menos Dos Alternativas de Pago a sus Clientes”.

La pieza legislativa fue radicada el 14 de abril y este jueves fue referida a la Comisión de Banca, Seguros y Comercio de la Cámara.